GIANFRANCO AMATO: DICTADURA SANITARIA

Misterios de iniquidad

CONEJILLOS DE INDIAS POR LEY

Experimentación humana

¿Es lícito utilizar seres humanos como objeto de experimentación científica para el avance de la medicina? Esta cuestión se planteó en los albores del nacimiento del propio arte hipocrático.

Como ya hemos señalado, la medicina es por naturaleza experimental. Por eso no debe sorprendernos, por ejemplo, que grandes médicos de la antigüedad practicaran la vivisección de seres humanos, como hacía, por ejemplo, Erófilo de Calcedonia, que vivió en el siglo III a.C. y fundó la gran escuela de medicina de Alejandría. El escritor romano Aulus Cornelius Celsus en su obra “De Medicina” (proemio 23, 6) relata cómo el propio Erófilo fue autorizado a utilizar los condenados que le proporcionaban directamente las instituciones públicas para estudiar su funcionamiento en sus experimentos in vivo («longeque optime fecisse Herophilium et Erasistratum, qui nocentes homines a regibus ex carcere acceptos vivos inciderint»).

Esta es la eterna tentación de la ciencia médica, que a lo largo de la historia de la humanidad ha encontrado límites ético-morales impuestos por una conciencia colectiva compartida. Un punto de inflexión importante se produjo en el siglo pasado con el llamado “Código de Núremberg”. La referencia es al famoso juicio a los responsables del Tercer Reich. En esa histórica sala también se celebró lo que la crónica denominó el “juicio de los médicos” (oficialmente United States of America v. Karl Brandt, et al.), en el que se juzgó a veintitrés médicos y científicos alemanes por realizar experimentos científicos con los internos de los tristemente célebres campos.

Ese juicio a los médicos se concluyó con siete sentencias de muerte a la horca, ocho sentencias con penas que van de los diez años de prisión a la cadena perpetua, y ocho absoluciones. Fruto de esta experiencia fue el Código de Núremberg, el primer documento internacional que establece las principales directrices para los científicos.

La necesidad de dicho documento surgió como consecuencia de los argumentos de defensa de los médicos alemanes, basados principalmente en el testimonio de expertos que demostraron que los experimentos en los campos nazis no diferían mucho en términos éticos de los realizados al mismo tiempo en otros países. En particular, se citó el caso de los presos utilizados como conejillos de indias en las cárceles estadounidenses.

Los jueces de los juicios de Núremberg también tuvieron que tomar nota del hecho de que no había ninguna ley ni declaración internacional que estipulara cuáles eran los experimentos médicos en seres humanos permitidos y cuáles eran ilegales. Por lo tanto, se elaboraron diez puntos que se denominaron «experimentos médicos admisibles»: diez criterios éticos fundamentales para la experimentación con seres humanos, el primero de los cuales –el más importante– estipula expresamente la necesidad de que el sujeto de la experimentación dé su consentimiento voluntario.

Según los jueces de las sentencias de Núremberg, «la persona implicada debe tener la capacidad legal de dar su consentimiento y, por lo tanto, debe ejercer un poder de elección libre, sin que intervenga ningún elemento de coacción, fraude, engaño, exageración o cualquier otra forma adicional de compulsión o coerción; también debe tener un conocimiento y una comprensión suficientes del asunto que le permitan tomar una decisión informada y prudente». Ningún ser humano puede ser condicionado, directa o indirectamente, a someterse a un ensayo clínico.

Sin embargo, con el tiempo se comprendió que el elemento de voluntariedad por sí solo no era suficiente. Esto llevó a que en 1964 la World Medical Association (Asociación Médica Mundial) elaborara un código de principios éticos para guiar a los médicos en la experimentación con seres humanos, conocido como la “Declaración de Helsinki”. Este segundo importante documento incorporó desde, el Código de Núremberg, el principio fundamental del consentimiento como requisito previo para que la investigación clínica fuera éticamente aceptable, pero exigió que no sólo fuera voluntario sino también informado.

Adoptada originalmente en junio de 1964 en Helsinki, la Declaración fue objeto de seis revisiones y dos aclaraciones a lo largo del tiempo, pasando de once a más de treinta párrafos, y aún hoy sigue siendo un documento fundamental en los ensayos clínicos de todo el mundo, fruto del primer intento serio e importante de la comunidad médica por regularse en este campo tan delicado. Entre los distintos principios fundamentales introducidos por primera vez por la Declaración de Helsinki, se encuentra la necesidad de que los protocolos de investigación clínica y los procedimientos de consentimiento sean revisados por comités de ética independientes.

Los pilares de estos dos documentos internacionales fundamentales –el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki– cobran especial importancia en el delicado momento histórico que vive actualmente la humanidad, caracterizado por una violación sin precedentes de los derechos fundamentales en nombre de la emergencia sanitaria.

En una reciente entrevista, el intelectual Massimo Fini, una de las escasas mentes lúcidas e inteligentes del desolado panorama intelectual italiano, ha hecho una interesante reflexión al destacar el papel que juega el Covid-19 en el mundo virtual creado por la sociedad posmoderna. Fini cree, de hecho, que, a fuerza de imaginarlo, este mundo virtual ha llegado finalmente a través del coronavirus. Antes existía el mundo virtual y el mundo real, ahora –gracias al Covid-19– la realidad se ha convertido en virtual, y esto se debe a que, por el miedo a morir, la gente está dejando de vivir.

Massimo Fini explica lo peligroso que es esto para la libertad de las personas con una comparación histórica. Hace cien años, habría sido imposible que un gobierno impusiera las restricciones que hoy se han impuesto con el Covid-19. Entre 1918 y 1920 hubo una epidemia dramática, la gripe española, pero nadie impuso las restricciones que estamos viviendo hoy en día. Lo mismo ocurrió con la gripe asiática en 1957.

Fini se pregunta, entonces, qué ha pasado: ¿se ha reforzado la capacidad de persuasión del Poder? ¿Nos hemos vuelto más responsables? O, más probablemente, ¿tenemos ahora un miedo a la muerte que no teníamos en otras épocas? Probablemente, el propio Fini tiene razón cuando concluye que estos tres factores confluyen. Pero a estas respuestas nos gustaría añadir otra, que las complementa en un sentido global y que está estrechamente relacionada con nuestras raíces cristianas.

Hace tiempo, acudir a Dios formaba parte de la conciencia colectiva: con el fin de contrarrestar el miedo a la muerte, se celebraban rogaciones públicas, ayunos y procesiones. La necesidad de Dios siempre ha sido inscrita en el alma, y es una necesidad compartida por todas las razas y culturas del mundo. Sin embargo, hoy nos encontramos en una época de apostasía general, en la que el hombre se ha divorciado de Dios.

El célebre arzobispo Marcel Lefebvre definió al hombre como “animal religioso”, como alternativa a la definición más común de “animal racional”. De hecho, la relación con lo sobrenatural es algo intrínseco a nuestra naturaleza, y nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad que el ser humano pudiera prescindir de Dios. Precisamente porque esta dependencia es intrínseca, no es posible eliminarla: como mucho podemos “desplazarla”.

Por eso la fe en el poder político y en la ciencia ha adquirido hoy un aspecto religioso: con la ilusión de liberarse de Dios, el hombre no ha hecho más que esclavizarse a fetiches posmodernos, y en lugar de los mandamientos de la Biblia observa ahora con temor y temblor los dictados de un nuevo y distópico poder constituyente. La cuestión es que hoy vivimos como si estuviéramos en un lager. La única diferencia –como señala Fini– es que estamos presos en nuestras casas en lugar de los cuarteles soviéticos o nazis.

Recluidos en casa con la única esperanza de salvación en una vacuna y confiando en la misericordiosa concesión de un Poder, que cada vez más se complace en mostrar su paternalista preocupación por los súbditos. Además de una emergencia sanitaria, estamos viviendo una preocupante emergencia democrática en términos de libertad y derechos fundamentales. Por eso hoy no está fuera de lugar invocar documentos como el Código de Núremberg y la Carta de Helsinki.

Tiempos y seguridad

El proceso de fabricación de una vacuna es especialmente complejo e implica una serie de pasos precisos.

Quien tenga la paciencia de acceder a la página web institucional de la AIFA, la Agencia Italiana del Medicamento, observará que hay una sección titulada Las etapas de desarrollo de las vacunas. La frase que abre la descripción del método es significativa: «El desarrollo de una vacuna es un proceso bastante largo y elaborado». A continuación se describe detalladamente el complejo procedimiento, que implica, entre otras cosas, un ensayo preclínico mediante estudios in vitro, así como la utilización de modelos animales, y un ensayo clínico con seres humanos a través de cuatro etapas que requieren un calendario técnico ineludible.

El factor tiempo es uno de los elementos esenciales en el proceso de elaboración de una vacuna.

Al margen de todas las admirables afirmaciones sobre la seguridad de los «tiempos récord» alcanzados en la puesta en el mercado de las vacunas actuales, la afirmación del Comité Nacional de Bioética sigue siendo incontrovertible: se necesitan años para fabricar un medicamento de este tipo.

Ahora bien, se puede entender que la dramática situación debida a la pandemia requiera, también como resultado de la presión social y política, respuestas más rápidas, pero en este caso se requiere un mínimo de honestidad intelectual. Digámoslo y admitámoslo claramente: las vacunas actualmente disponibles están, de hecho, en proceso de experimentación. Y la experimentación, como hemos visto, sólo puede realizarse de forma voluntaria. No se puede imponer creando conejillos de indias humanos por ley.

Para comprender mejor este aspecto, sólo hay que considerar la vacuna Covid-19 producida por Pfizer BioNTech y distribuida actualmente en Italia. Lo que llama la atención es la increíble difusión de una campaña informativa mediática que patrocina esta vacuna, haciéndola pasar por «segura al 100%», y justificando los «tiempos récord» de su aplicación como el resultado de un nuevo avance en la investigación científica que ha superado los estándares temporales anteriores. Se trata de dos verdaderas fake news.

Empecemos por la primera, es decir, por la cuestión de la seguridad al 100%. El hecho de que ninguna vacuna pueda tener este grado de eficacia no es sólo una cuestión de ciencia, sino también de derecho. Hay que recordar, a este respecto, que en Italia existe una disposición legal (Ley 210/92) que prevé la indemnización de las personas perjudicadas por las complicaciones irreversibles causadas por las vacunas. Dicho esto, también podemos analizar la seguridad de la vacuna de Pfizer BioNTech.

Para ello, sólo hay que leer con atención el texto del consentimiento informado elaborado por la propia empresa Pfizer, que actualmente se somete a la firma de quienes pretenden vacunarse o a quienes se les insta a hacerlo, empezando por los médicos y enfermeros. El punto 6 de ese texto ya desmonta la afirmación apodíctica sobre la mítica tasa de seguridad del 100%. De hecho, en él se dice que «la vacuna podría no proteger completamente a todos los que la reciben».

El punto 8 añade a continuación la lista de todos los posibles efectos secundarios, especificando finalmente que «la lista de reacciones adversas no es exhaustiva de todos los posibles efectos adversos que pueden producirse al tomar la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19». Por lo tanto, puede haber otros, pero aún no se sabe cuáles pueden ser.

El punto 10 hace el cuadro todavía más preocupante: «Actualmente no se pueden predecir los daños a largo plazo». Esta es una consecuencia obvia de la aceleración del proceso de desarrollo de la vacuna. Hay una falta de tiempo para comprobar los posibles daños a largo plazo. Por eso debemos ser honestos y admitir con realismo que todavía estamos en el terreno incierto e imprevisible de la experimentación clínica.

Esto queda reflejado también en el documento oficial que resume las características de la vacuna de Pfizer BioNTech con respecto a una cuestión en particular. Se trata del punto 5.3 sobre los «datos preclínicos de seguridad», que en la subsección titulada Genotoxicidad/Potencial carcinogénico dice textualmente: «No se han realizado estudios de genotoxicidad ni de potencial carcinogénico». Merece la pena recordar que, en genética, la genotoxicidad se refiere a la capacidad de ciertos agentes químicos de dañar la información genética dentro de una célula provocando mutaciones e induciendo cambios dentro de la secuencia de nucleótidos o la estructura de doble hélice del ADN de un organismo vivo. Alteraciones que, entre otras cosas, pueden conducir al desarrollo del cáncer.

Sobre esta delicada cuestión, lo repetimos, el fabricante afirma cándidamente que no ha realizado ningún estudio.

Asimismo, en el documento oficial que resume las características de la vacuna BioNTech de Pfizer, el punto 4.8 sobre los «efectos no deseados» muestra una tabla que contiene las reacciones adversas notificadas en los estudios clínicos, que también incluyen, entre otras, «dolor de cabeza», «artralgia», «mialgia», «náuseas», «insomnio», «linfadenopatía» (inflamación de los ganglios linfáticos) y «parálisis facial periférica aguda», aunque en menos casos de uno por cada mil.

Al comenzar este tipo de vacunas en Italia, la prensa hizo público el caso de una enfermera del Hospital San Salvatore de L’Aquila y de una enfermera del Hospital Mazzini de Teramo que habían sufrido la reacción adversa de una parálisis facial periférica aguda tras recibir la vacuna BioN-Tech de Pfizer. Las autoridades sanitarias locales desestimaron los casos por considerarlos «no especialmente graves y, de todas formas, reversibles». A pesar de ello, ambas enfermeras fueron ingresadas en el hospital.

No se trata de casos muy raros a la luz de los resultados de la publicación del Primer Informe de Vigilancia de las vacunas Covid-19 elaborado por la Agencia Italiana del Medicamento (AIFA), según el cual se registraron 7.337 notificaciones de reacciones adversas sobre un total de 1.564.090 dosis administradas. 

Desde luego, el documento de consentimiento de Pfizer-BioNTech sobre la vacuna Covid-19, donde se especifica expresamente que la vacuna «puede no proteger completamente a todos los que la reciban» (nº 6), o que «no es posible por el momento predecir los daños a largo plazo» (nº 8), o que «la lista de reacciones adversas no es exhaustiva de todos los posibles efectos indeseables que pueden producirse al tomar la vacuna» (nº 10), suscita efectivamente más de una preocupación, sobre todo teniendo en cuenta una importante recomendación del Comité Nacional de Bioética en su dictamen de 27 de noviembre de 2020, como es la de la «adecuada información y comunicación».

En particular, según la C.B.N., «la comunicación al público debe ser transparente, clara, comprensible, consistente y coherente, basada en pruebas y datos científicos; la comunicación no debe ser propagandística, ni paternalista, no dejando lugar a la incertidumbre e indicando los beneficios y riesgos previstos».

Sin embargo, lo grave es que incluso en la comunicación mediática se hagan pasar por verdades científicas afirmaciones que no lo son, como la garantía del 100% de la eficacia de la vacuna o la posibilidad de alcanzar tiempos récord gracias a un progreso imaginario que ahora es capaz de superar los estándares de pruebas hasta ahora conocidos.

Estas fake news deberían estar prohibidas por ley, pero en cambio se propagan peligrosamente en los medios de comunicación con la grave corresponsabilidad de la información al servicio de algo que Aldo Maria Valli, en su valioso ensayo Virus e Leviatano (“Virus y Leviatán”) ha llamado «despotismo estatal, compartido y terapéutico». Sería interesante preguntarse quién tiene interés en fomentar esa información falsa. ¿Se trata de una mera explotación política, de los intereses económicos de las empresas farmacéuticas, o hay algo más? La sospecha es que la desinformación, en realidad, sea funcional al proyecto de Poder discutido en los capítulos anteriores. 

Si es así –como desgraciadamente parece ser– lo sabremos con el tiempo. Por cierto, el conocido jurista romano Aulo Gellio, en su célebre obra Notti Attiche (“Las noches áticas”), nos ha dejado una perla de sabiduría: «veritas filia temporis». El tiempo es siempre el padre de la verdad.

Protección jurídica

Si es válida la tesis de que las vacunas Covid-19 que circulan actualmente siguen funcionando en un contexto experimental, habrá que plantearse la cuestión de su obligatoriedad. Ahora bien, si desde el punto de vista moral, como hemos visto, la imposición de un ensayo clínico sin consentimiento informado es considerada inadmisible por el Código de Núremberg y la Carta de Helsinki, ¿cuáles pueden ser las consecuencias desde el punto de vista jurídico?

Una medida que imponga a un sujeto someterse a un ensayo clínico sin su consentimiento, sea cual sea su función, en Italia sería ilegal en varios aspectos, empezando por la violación del artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución, en el punto en el que establece que ningún tratamiento sanitario impuesto por la ley puede «violar los límites impuestos por el respeto a la persona humana».

También es interesante señalar que esta disposición del artículo 32 fue objeto de un largo y acalorado debate durante los trabajos de la Asamblea Constituyente, donde se aprobó con la intención precisa de prohibir los experimentos científicos en el cuerpo humano que no fueran aceptados voluntariamente por el paciente (se habló expresamente de «conejillos de indias humanos»).

El parlamentario proponente Aldo Moro explicó el alcance de esta parte del artículo en la sesión plenaria de la Comisión del 28 de enero de 1947. La intención era, sobre todo, aludir a la triste experiencia histórica de las normas sanitarias estatales impuestas en la Alemania nazi, como la experimentación con medicamentos, la esterilización obligatoria, las visitas prematrimoniales obligatorias y otras aberraciones similares. Sobre este punto, el diputado Moro declaró durante los trabajos de la Asamblea Constituyente: «No se trata de excluir el consentimiento del individuo a determinadas prácticas médicas que pueden ser necesarias como consecuencia de su estado de salud; se trata simplemente de prohibir que la ley disponga dicho tratamiento por razones de carácter general y con el fin de proteger los intereses colectivos».

Del citado precepto constitucional se derivan una serie de disposiciones normativas, entre las que destaca el artículo 33 de la Ley 833, de 23 de diciembre de 1978, por la que se crea el Servicio Nacional de Salud y se establece la regla general de que el médico no puede realizar un tratamiento médico contra la voluntad del paciente, salvo que éste no esté en condiciones de dar su consentimiento informado y que se den las condiciones de necesidad.

Por otra parte, el artículo 35 del Código de Deontología Médica de 2014, elaborado por la FNOMCeO (Federación Nacional de los Colegios de Cirujanos y Odontólogos de Italia), establece la obligación del médico de obtener el consentimiento del paciente y, en consecuencia, la prohibición de «emprender o continuar procedimientos diagnósticos y/o intervenciones terapéuticas sin obtener previamente el consentimiento informado o en presencia de un disentimiento informado».

La ilegitimidad de una eventual obligación de administrar las actuales vacunas contra el Covid-19, de hecho, aún en fase experimental, no quedaría, sin embargo, circunscrita únicamente al ordenamiento jurídico italiano. Violaría, por ejemplo, el primer gran tratado internacional sobre bioética: el Convenio de Oviedo de 1997, ratificado en Italia por la Ley nº 145 de 28 de marzo de 2001. La definición oficial del tratado es: «Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignitad del ser humano con respecto a las aplicaciónes de la biología y la medicina: Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina». Se trata de un documento importante en el ámbito de la experimentación científica, ya que –como el propio artículo 1 indica– tiene por objeto proteger «al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina».

La obligatoriedad de someterse a una experimentación científica es una violación del artículo 5 del Convenio de Oviedo, que establece expresamente que «una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento», tras la recepción de una «información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como de sus riesgos y consecuencias». El artículo concluye con la disposición expresa de que «en cualquier momento, la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento».

También surgirían problemas con otro documento internacional: la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos, elaborada por el Comité Internacional de Bioética (CIB) de la UNESCO y aprobada en 2005. Merece la pena citar íntegramente cuatro artículos de esta Declaración Universal.

Artículo 3: «Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad».

Artículo 4: «Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes, los participantes en las actividades de investigación y otras personas concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas».

Artículo 5: «Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses».

Artículo 6: «Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.

La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración, en particular en el Artículo 27, y con el derecho internacional relativo a los derechos humanos».

Sería también una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, conocida como la “Carta de Niza”, en particular de su artículo 3, el cual, tras afirmar que «Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica», en la letra a) del segundo párrafo, establece que «En el marco de la medicina y la biología se respetará en particular el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley».

Recordamos que el Tratado de la Unión Europea reconoce expresamente, en su artículo 6, «los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados».

Siguiendo en el ámbito europeo, también hay que destacar que existe un documento explícito que regula el delicado tema de los ensayos clínicos. Se trata, en concreto, del Reglamento (UE) nº 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicado el 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano.

El artículo 28 del Reglamento regula la protección de los sujetos en relación con el consentimiento informado, estableciendo que este elemento es esencial para que “se cumplan todas las condiciones para llevar a cabo un ensayo clínico”.

El consentimiento informado debe ser «escrito, fechado y firmado por el interesado», sólo después de obtener información previa sobre:

«1) la naturaleza y los objetivos, beneficios, implicaciones, riesgos e inconvenientes del ensayo clínico,

2) los derechos y garantías del sujeto de ensayo en lo que respecta a su protección, en particular su derecho a negarse a participar y el derecho a abandonar el ensayo clínico en cualquier momento sin sufrir por ello perjuicio alguno y sin tener que proporcionar ninguna justificación,

3) las condiciones en las que se llevará a cabo el ensayo clínico, incluida la duración prevista de la participación de los sujetos de ensayo en el mismo;

4) las posibles alternativas de tratamiento, incluidas las medidas de seguimiento si el sujeto de ensayo interrumpe su participación en el ensayo clínico».

El artículo 29 del Reglamento también especifica que esta información debe ser «completa, sucinta, clara, pertinente y comprensible para una persona lega» y que «se facilitará en una entrevista previa con un miembro del equipo de investigación debidamente cualificado con arreglo al Derecho del Estado miembro implicado», incluyendo también «información sobre el mecanismo aplicable de indemnización por daños y perjuicios».

Resulta de especial interés una de las condiciones esenciales para poder llevar a cabo la experimentación. Se trata de la disposición de la letra h) del artículo 28 del Reglamento, según la cual sólo se permite un ensayo clínico si «no se ha ejercido en los sujetos de ensayo influencia indebida alguna, inclusive de carácter económico, para que participen en el ensayo clínico». Esto significa que las autoridades públicas no pueden imponer ningún tipo de sanción ni amenazar con ningún tipo de consecuencia –como medidas disciplinarias, descenso de categoría o despido– a un sujeto que se niegue a someterse a un ensayo clínico.

En este sentido, el certificado de vacunación obligatorio que se ha impuesto en Italia mediante un decreto ley es una flagrante violación de dicha normativa.

Y siguiendo con el tema del decreto del «Green Pass», cabe destacar que el 26 de julio de 2021 los filósofos Massimo Cacciari y Giorgio Agamben publicaron un artículo en la página web del Instituto Italiano de Estudios Filosóficos, que merece ser citado íntegramente:

“La discriminación de una categoría de personas, que se convierten automáticamente en ciudadanos de segunda clase, es en sí misma una cuestión muy grave, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas para la vida democrática. Y ahora, lamentablemente, el tema del llamado «Green Pass» se está abordando con una inconsciente ligereza. Todos los regímenes despóticos han actuado siempre mediante prácticas de discriminación, que al principio pueden haber sido contenidas pero que luego se han extendido. No es casualidad que China diga que tiene la intención de continuar con el seguimiento y la vigilancia incluso después de que la pandemia haya terminado. Y cabe también recordar el «pasaporte interno» que los ciudadanos de la Unión Soviética debían mostrar a las autoridades en cada viaje. Cuando un político llega a dirigirse a los que no se vacunan utilizando una jerga fascista como «los vamos a purgar con el Green Pass» realmente es de temer que estemos ya fuera de cualquier garantía constitucional.

Sería terrible que la vacuna se convirtiera en una especie de símbolo religioso-político. Esto no sólo representaría una deriva antidemocrática intolerable, sino que además iría en contra de la propia evidencia científica. Nadie está invitando a la gente a no vacunarse. Una cosa es apoyar la utilidad de la vacuna y otra muy distinta ignorar que aún estamos en una fase de «experimentación masiva» y que el debate científico sobre muchos aspectos fundamentales del problema está completamente abierto. El Diario Oficial del Parlamento Europeo de 15 de junio afirma claramente que «debe evitarse la discriminación directa o indirecta de las personas que no están vacunadas, incluidas las que han decidido no vacunarse». ¿Y cómo podría ser de otra manera? La persona vacunada no sólo puede infectarse, sino que también puede enfermar: en Inglaterra, de los 117 nuevos fallecidos, 50 habían recibido la doble dosis. En Israel, se estima que la vacuna cubre al 64% de las personas que la han recibido. Las propias empresas farmacéuticas han declarado oficialmente que no es posible predecir los daños a largo plazo de la vacuna, ya que no han tenido tiempo de realizar todas las pruebas de genotoxicidad y carcinogenicidad. «Nature» ha calculado que seguirá siendo fisiológico que el 15% de la población no se vacune. ¿Así que hasta cuándo tendremos que quedarnos con el pase?

Todos están amenazados por las prácticas discriminatorias. Paradójicamente, los «habilitados» por el «Green Pass» lo son más que los no vacunados (a los que la propaganda del régimen quiere hacer pasar por «enemigos de la ciencia» y tal vez defensores de prácticas mágicas), ya que todos sus movimientos estarían controlados y nunca sería posible saber cómo y por quién. La necesidad de discriminar es tan antigua como la sociedad, y seguramente ya estaba presente en la nuestra, pero convertirla en ley hoy es algo que la conciencia democrática no puede aceptar y contra lo que debe reaccionar inmediatamente”.

Tampoco hay que olvidar que el pasado día 27 de enero de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 2361 (2021), denominada “Vacunas Covid-19: consideraciones éticas, legales y prácticas” (Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations), que contenía orientaciones sobre la distribución y administración de las vacunas COVID-19, teniendo en cuenta los aspectos prácticos y éticos y proporcionando a los Estados directrices y principios que debían seguirse para una campaña de vacunación eficiente, eficaz, equitativa y voluntaria.

Con la citada resolución, la Asamblea dio indicaciones precisas e imperativas a los Estados miembros de la Unión Europea, entre las que se encuentran las establecidas en el punto 7.3.1, es decir, de «asegurar de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que nadie está bajo presión política, social o de otro modo para que se vacune, si no desean hacerlo ellos mismos»; en el punto 7.3.2 se dispone «velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado»; el punto 7.3.5 impone «comunicar de manera transparente el contenido de los contratos con los productores de vacunas y ponerlos a disposición del público para el escrutinio parlamentario y público»; en el punto 7.5.2 se indica que los certificados de vacunación sólo deben utilizarse «con respecto a asegurar el seguimiento de los efectos a largo plazo de las vacunas contra el COVID-19 y su seguridad».

En el punto final del documento (nº 8), la misma Asamblea Parlamentaria, recordando su anterior resolución 2337 (2020) sobre las democracias ante la pandemia del Covid-19, reiteró que «los parlamentos como instituciones fundamentales de la democracia deben continuar desempeñando su triple papel de representación, legislación y supervisión en circunstancias de pandemia», y que «por lo tanto, la Asamblea pide a los parlamentos que ejerzan estos poderes, según corresponda, también con respecto al desarrollo, la asignación y la distribución de las vacunas contra el Covid-19».

https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html

Durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de marzo de 2019, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró oficialmente el estado de pandemia en relación con la propagación del virus Covid-19. En la misma ocasión, el Director General de la OMS declaró que «todos los países deben encontrar un equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de las dificultades económicas y sociales y el respeto de los derechos humanos».

Esta importante declaración fue luego expresamente mencionada en un documento oficial posterior de la misma OMS redactado el 21 de abril de 2020 y titulado Addressing Human Rights as Key to the COVID-19 Response (“Los derechos humanos son clave para configurar la respuesta al COVID-19”).

En ese mismo documento se reitera el concepto de equilibrio adecuado y se especifica que «integrar las protecciones y garantías de los derechos humanos en nuestras respuestas compartidas» a la pandemia del Covid-19 «no sólo es un imperativo moral, sino que es esencial para abordar con éxito los problemas de salud pública».

El documento concluye afirmando que «el reconocimiento de los derechos humanos como parte integrante de la respuesta» a la crisis de la pandemia y «a la salud pública» en general, «no sólo proporcionará una orientación ética en estos tiempos difíciles, sino que sentará las bases de cómo el mundo responderá a las crisis de salud pública en el futuro».

Es una pena que, a pesar de estas declaraciones tan pomposas y retóricas, la realidad esté demostrando exactamente lo contrario. Nunca como en este periodo de la historia la emergencia sanitaria ha adquirido el perfil de una “dictadura sanitaria”. Nunca como ahora la supuesta necesidad de proteger la salud pública se ha convertido en un mero pretexto para conculcar los tan aclamados “derechos humanos”. La humanidad se encuentra de repente en una especie de tierra de nadie entre la imperatividad de los derechos humanos y su suspensión.

Esto es lo que el gran jurista alemán Carl Schmitt llamó Ausnahmezustand, o sea, “estado de excepción”. Una condición que Hitler explotó para establecer el régimen totalitario del Tercer Reich.

En realidad, el estado de excepción no prevé ninguna autoridad superior con potestad para verificar la realidad o gravedad de las causas que han contribuido a su declaración, más aún si estas causas se basan en una emergencia sanitaria sobre la que la propia comunidad científica tiene opiniones y visiones divergentes.

Por otra parte, siempre es muy peligroso transmitir la idea de que en nombre de la llamada “bioseguridad” se pueden suspender legítimamente los derechos, las libertades y las garantías constitucionales, porque ello consolidaría también en la opinión pública la idea de la primacía de lo que los politólogos norteamericanos llaman “Security State”, es decir, un Estado en el que por razones de “seguridad” –como una emergencia sanitaria– se puede imponer cualquier límite a las libertades individuales. Así se corre el riesgo de transmitir el concepto de que la vida es más valiosa que la libertad. Y esto podría abrir peligrosamente el camino a tendencias totalitarias.

Pongamos un ejemplo. Si se estableciera el principio de que la salud física debe prevalecer sobre los derechos humanos y las garantías constitucionales en el caso de la propagación de una enfermedad contagiosa, ¿qué autoridad tendría la facultad de decidir el tipo de enfermedad y los criterios para ello? Si, por ejemplo, un criterio fuera el número de muertes, podría argumentarse que la gripe estacional normal causa hasta 650.000 muertes en todo el mundo cada año. Pues bien, ¿quién podría impedir que el poder público, una vez establecido el principio, decidiera que ese número de muertes debe considerarse excesivo y que, por tanto, la gripe estacional debe considerarse también una patología capaz de legitimar la suspensión de derechos y garantías constitucionales?

No se puede legitimar la idea de que la libertad es un bien prescindible frente a la vida. Al menos por respeto a todos los que han dado su vida por la libertad, y a los miles de mártires cristianos que han aceptado conscientemente su propia muerte física para no renegar de su fe, sacrificando su vida terrenal por la eterna.

En conclusión, siempre es muy peligroso caminar en la tierra de nadie del Ausnahmezustand, porque precisamente en nombre del “estado de excepción” se podrían suspender las exigencias éticas que llevaron a redactar el Código de Núremberg y la Carta de Helsinki, y a algunos se les podría ocurrir que en nombre de la salud pública y de la necesidad de gestionar una emergencia pandémica es correcto imponer la experimentación científica masiva, creando conejillos de indias por ley.

Al fin y al cabo, al igual que se ha suspendido el derecho humano fundamental a la libertad de circulación, de reunión o de culto, ¿por qué no se podría suspender también el derecho al consentimiento informado?

Hay que tener mucho cuidado con el “estado de excepción”, porque la historia nos ha enseñado que se sabe cómo empieza, pero siempre se desconoce el epílogo. El Ausnahmezustand siempre conduce a un estado de catalepsia jurídica, y el sueño del derecho, como el de la razón, genera monstruos.

El estado de excepción invocado para combatir Covid-19 corre el riesgo de dar a la emergencia sanitaria el inquietante perfil de una «dictadura sanitaria». Nunca antes la supuesta necesidad de proteger la salud pública se había convertido en un mero pretexto para violar los tan aclamados “derechos humanos”. Diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud.

TRADUCCION: LISA ZUCCOLI