RAFAEL GAMBRA CIUDAD: UN ATAQUE A LA FAMILIA

LA IGNORANCIA DE UNOS Y LA PASIVIDAD DE OTROS

Yo no sé qué admirar más en la España actual si la ignorancia de los gobernantes o el conformismo pasivo de los gobernados. Los primeros decidieron en la última reforma educativa llamar “secundaria» a lo que siempre se llamó Enseñanza Media o Segunda Enseñanza o Bachillerato. Es decir, a la que se imparte entre la escuela y la universidad.

Al adoptar esta traducción de la Secondaire francesa ignoran nuestros gobernantes que el término «secundario» tiene en castellano un significado de inferior, subordinado, de menos importancia, incluso prescindible.

Así decimos que se trata de «cuestiones secundarias» o de carreteras secundarias o ferrocarriles secundarios. Una resonancia claramente minusvaloradora o aun despectiva.

Eso que en la actual Ley se conoce por ESO (un neutro despectivo) es una acumulación de adjetivos que atentan contra la propia enseñanza que se imparte y contra la esencial libertad humana. Significa, como se sabe, «Enseñanza Secundaria Obligatoria”.

¿Por qué secundaria? Si se derivase de segundo y siguiera a la Primaria (nombre también con su carga ofensiva), tendría la universitaria que llamarse «Terciaria”, lo que la colocaría en el Paleolítico.

Pero aún más incomprensible que esta serie de desatinos terminológicos en el gobernante es la desmoralización pasiva (las tragaderas ilimitadas) de los profesores de Bachillerato y grados medio que aceptan verse denominados «secundarios» sin la menor protesta, al menos en mi conocimiento.

Pero el otro calificativo de la ESO —“obligatoria”— también se las trae como atentatoria contra la libertad humana. ¿Qué autoridad posee el Estado para obligar a todos los jóvenes —lo deseen o no— a permanecer en un pupitre escolar hasta los dieciséis años cuando menos? ¿Qué noción de la libertad tuvieron nuestros socialistas, tan libertarios ellos?

Una cosa es que se facilite, incluso con gratuidad, el acceso a esos estudios postescolares, y otra que se los haga obligatorios. A un padre, por ejemplo, que sea agricultor o ganadero o comerciante y cuente con su hijo para ayudarle y seguir después su negocio, ¿por qué se le ha de obligar a que ese hijo curse en una ciudad quizá lejana unos estudios que no necesita, que le harán perder en muchos casos la afición a su oficio?

En el fondo de toda la legislación socialista late siempre un ataque a la familia, a su continuidad, a la patria potestad.