La Iglesia católica empezó a aceptar que el proyecto de matrimonio gay –que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados– tiene serias posibilidades de ser convertido en ley en el Senado, donde este martes a las 17 comenzará a ser discutido en audiencia pública.

Por eso, sin renunciar a su pretensión de máxima de lograr que la iniciativa sea rechazada, decidió poner en marcha un «plan B»: apoyar discretamente la unión civil entre personas del mismo sexo como alternativa de última instancia.

La unión civil –que está vigente en Buenos Aires desde 2003– otorga una serie de beneficios a los contrayentes como la obra social, sin llegar a estar equiparada con el matrimonio, asunto que tanto resiste la Iglesia. Y si es consagrada por una ley del Congreso puede otorgar otros beneficios que están regidos por normas nacionales, como es el caso de los derechos sucesorios.

Los obispos aspiran a que, en el caso de que avance la alternativa de la unión civil, se incluya en la ley una prohibición expresa de la adopción de chicos por parte de parejas del mismo sexo, que es la otra gran preocupación de la Iglesia. Además, desearían que reconozca la llamada objeción de conciencia para que los oficiales del Registro Civil que estén en contra de la unión civil de gays puedan ser sustituidos por otro.

La decisión de la Iglesia de apoyar la alternativa de la unión civil tiene sustento doctrinal católico en el principio moral «del mal menor» . Por caso, la encíclica «El Evangelio de la Vida», de Juan Pablo II, establece que los legisladores católicos pueden apoyar proyectos menos reprobables desde su visión como recurso ante la eventualidad de que sean aprobados otros más objetables.

El tema viene siendo manejado en los contactos que la comisión del Episcopado para el seguimiento de los proyectos legislativos mantiene con miembros de la Cámara Alta. En los últimos días su titular, el obispo Antonio Marino –secundado por el dirigente laico Guillermo Cartasso– se reunió con los senadores Hilda «Chiche» Duhalde y Juan Carlos Romero, que comparten la postura católica.

Los representantes de la Iglesia aspiran a llevar sus inquietudes a la mayor cantidad posible de senadores , sin hacer distinciones de las posturas que abracen. Además, ven con buenos ojos que, por impulso de la senadora Liliana Negre de Alonso, fervorosa católica, se discuta el tema en provincias del Norte, donde consideran que el rechazo al proyecto es alto.

Los resultados de la ofensiva se dilucidarán el 14 de julio, cuando el proyecto se ponga a votación en el recinto del Senado. Los sondeos previos dan una pareja votación.

Previamente, la Comisión de Legislación General promoverá audiencias públicas en Salta los días 14 y 15 de junio, Tucumán el 17 y el 18, San Juan el 24 y 25, y Mendoza el 29.