La «ilegalidad» de ser cristiano en Jerusalén

Condenas a prisión, visitas a tribunales, multas y la incertidumbre sobre dónde vivirán: eso sufren los árabes cristianos en tierra dominada por judíos e islámicos. Cada vez hay más órdenes de demolición de casas, injustamente declaradas ilegales.

Por Laura Villena (dpa)

Un pequeño patio interior, 30 metros cuadrados de salón, una cocina improvisada de camino al dormitorio y una escalera que sube hacia la sofocante azotea perfectamente escoltada por el Monasterio de San Francisco y el campanario del Santo Sepulcro. En medio: un altar con velas, imágenes de Jesús, estampas de la Virgen y la Biblia en árabe abierta por el evangelio que toca leer hoy.

Es la casa de Sami, uno de los pocos árabes cristianos que viven en Jerusalén y ejemplo de la «discriminación religiosa» que sufre este dos por ciento de la población, inevitablemente dominado por la mayoría de musulmanes y judíos. Igual que Elías, igual que Bassam e igual que Bishara.
Todos ellos alquilaron o compraron sus casas hace varios años a la Iglesia griega ortodoxa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, y a todos ellos les llegó un día la temida carta: «Propiedad ilegal. Orden de demolición».

Desde entonces las condenas a prisión, las visitas a los tribunales, la resignación ante las multas y, lo peor, la incertidumbre de no saber donde llevarán a sus familias el día que el ayuntamiento convierta sus casas en una polvareda, han sido una constante en sus vidas.

En buena parte de las ocasiones, tras la demolición de casas en el Este de la ciudad, donde habitan mayoritariamente palestinos cristianos y musulmanes, la municipalidad da permisos de construcción para el levantamiento de fincas de dueños judíos.

«Los cristianos no somos bienvenidos en Tierra Santa», afirma Sami, que al igual que sus vecinos ha sufrido las visitas exhaustivas de soldados israelíes para inspeccionar y fotografiar por aire su casa buscando cualquier reforma que sirva de argumento a la municipalidad para declararla ilegal.

Los argumentos que utiliza el ayuntamiento suelen ser tan arbitrarios como los dictámenes del tribunal. La apertura o reforma de un tejado, el refuerzo de los techos con vigas de cemento o la construcción de una terraza son motivo más que suficiente para que una vivienda palestina se convierta en blanco de la ley.

«Quieren que nos vayamos, que se pierda la huella palestina en la Ciudad Antigua», afirma Elías. «Lo que están haciendo es una limpieza étnica», añade Bassam, que vive junto a su mujer y sus tres hijos en 50 metros, y ha pagado 1.000 euros (1.400 dólares) en multas y dos penas de cien días de prisión desde 1998 por negarse a la demolición de su casa.

En su caso, los papeles que muestran que la vivienda fue construida en 1995 nunca sirvieron para probar ante la justicia que no se trata de una casa construida ilegalmente en 1996 como denuncia su orden de demolición.

«La municipalidad lo rechaza todo, para ellos no hay pruebas que valgan», dice Bassam en el salón de su casa mostrando con fotos las obras que hizo en su casa sin saber que le iban a costar diez años de pelea en los tribunales.

«La ley israelí se basa en un sistema racista», afirma por otro lado Sami, que lleva pagados cerca de 20.000 euros (28.000 dólares) en multas y confía en la intervención de la Iglesia griega ortodoxa, a la que pertenecen buena parte de la casas de cristianos en la Ciudad Antigua de Jerusalén.

«La Iglesia está haciendo lo que puede, pero ¨¿Quién puede hacer suficiente contra Israel?», se pregunta Elías.

De camino a la casa de Bishara, en pleno corazón del barrio cristiano, emerge un enorme edificio de cuatro plantas que sobresale por encima del resto y que invade el estrecho camino de baldosa.

«Hace unos meses aquí no estaban más que los escombros de una vivienda palestina que fue demolida», cuenta Elías señalando a la casa, que en cuanto tenga los tabiques interiores estará al servicio de la comunidad judía.

En Jerusalén Este, existen actualmente cerca de 800 órdenes de demolición de casas palestinas, según la organización árabe-cristiana «Coalition for Jerusalem». El año pasado fueron expedidas hasta 959 órdenes.

En muchos casos son los propios desalojados los que pagan la demolición, y sólo en multas la municipalidad recaudó el año pasado cerca de 2,7 millones de euros (3,8 millones de dólares), el 70 por ciento de los cuales se impuso a familias palestinas.

Con el presupuesto anual que la municipalidad de Jerusalén destina a la demolición, que asciende a 700.000 euros al año (un millón de dólares) según el Comité israelí contra la demolición de casas (ICAHD, en sus siglas en ingles), pueden llevarse a cabo cerca de 100 derribos al año.

El año pasado convirtieron en una montaña de escombros 87 casas aunque en años anteriores, como en 2004, llegaron hasta las 152 viviendas, según el ICADH.

Fuente: DPA