CONSERVANDO LOS RESTOS II
Novena entrega
“La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más atractivo y el más glorioso”
San José de Calasanz
CAPÍTULO IX
DEL ESTADO DOCENTE
§ I
El medio más eficaz que han ideado y puesto en práctica los celosísimos defensores y propagadores de los sistemas modernos de enseñanza, para introducirlos y hacerlos dominar en todas partes, ha sido entregar el régimen de la Instrucción Pública en manos de los Gobiernos, proclamando la teoría que viene explicada en la proposición, que bajo el número XLV condenó Pio IX en el y dice así:
“Toda la dirección de las escuelas públicas, en las cuales es educada la juventud de un Estado cristiano…. puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; y de tal manera puede y debe ser de ella, que en ninguna otra autoridad se reconozca el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de los grados, ni en la elección ni aprobación de los maestros”.
Imbuidos en estas ideas los Gobiernos de nuestros días escriben en sus constituciones el principio de la omnímoda libertad para enseñar y aprender; pero luego, sin cuidarse de la palmaria inconsecuencia en que incurren, promulgan a granel leyes de instrucción, que son otros tantos eslabones de la cadena con que pretenden aherrojar aquella libertad y so color de reglamentarla convenientemente, acaban por hacerla ilusoria.
Ellos dictan los planes de estudios, determinando con ridícula minuciosidad lo que debe enseñarse y el modo de enseñarlo: no sólo dirigen los establecimientos que corren a cargo del Estado, nombrando y destituyendo Rectores y Maestros, y avocando a su tribunal inapelable las cuestiones más insignificantes de su régimen interno; sino que, con lazos más o menos estrechos, sujetan y subordinan a su autoridad soberana todos los demás establecimientos, sonsacándoles con blandura o arrebatándoles bruscamente todos los fueros y derechos que las leyes les habían otorgado.
Y avanzan a tal punto de exageración las pretensiones del liberalismo gubernativo que ni respeta los mismos Seminarios eclesiásticos, donde la Iglesia educa a los jóvenes que más tarde han de ser los Ministros del Santuario, bajo la exclusiva autoridad de los Obispos, únicos que tienen misión para ello y conocen el mejor modo de formar en virtud y ciencia a los futuros sacerdotes.
Tal es rápidamente bosquejada la obra nefanda de los modernos novadores, que conculcando los inviolables derechos del individuo, de la familia y de la Iglesia, erigen sobre sus ruinas el ídolo del Estado docente, y se ensañan contra los que no acatan sumisamente las veleidades de ese engendro de la revolución, expresadas por sus serviles adoradores en leyes y decretos de enseñanza.
Con gusto esquivaríamos esta cuestión, que puede dar asidero a falsas interpretaciones; pero combatir los estragos de la enseñanza moderna, como hemos hecho hasta ahora, sin aplicar la segur a la raíz que nutre y vivifica dicha enseñanza, sería empeño vano y sin provecho; porque a nadie se oculta que, mientras el Estado usurpe el supremo magisterio escolar y en conservarlo incólume y acrecentarlo emplee los recursos de su poder regulador y los caudales del erario, siempre estarán en auge los sistemas, buenos o malos, que a él le plazca proteger con la egida de la legalización oficial.
Nos impulsa también a tocar este asunto el haber observado que el monopolio de la enseñanza por el Estado docente es arma de que se vale la impiedad para herir a la Iglesia, arrancando de su regazo maternal a los jóvenes y dándoles una instrucción, no sólo extraña, sino directamente contraria al espíritu de nuestra sacrosanta Religión Católica. Estamos, pues, en el terreno de maestros, y ante todo de maestros cristianos, al sostener que la intrusión de los Gobiernos de nuestros días en el régimen de la enseñanza pública, sobre ser contra derecho, es además la causa principal de los gravísimos males de que adolece la educación de la juventud, en estos tiempos de opresora libertad y retrógrado adelante.
Que tal intrusión sea contra derecho se verá claramente fijándose un instante en el diverso fin inmediato que corresponde a la sociedad civil y a su gobierno. Lo que en aquella buscan los asociados es el concurso de los demás, para conseguir por su medio una multitud de bienes que necesitan, y con sus solos esfuerzos no podrían obtener; mientras que la autoridad, que nace naturalmente, en cuanto la sociedad se constituye, tiende a la conservación de esta, a defenderla de los ataques exteriores y mantener el orden interno, protegiendo los derechos de cada asociado contra las agresiones que de parte de los demás pueda sufrir.
Se ve, pues, que el fin del Gobierno no es sustituir la actividad de los particulares en la producción de los bienes que se buscan en la asociación, y mucho menos es poner trabas, oprimir o matar aquellas actividades. La naturaleza no impone para esto un gobierno a toda sociedad, sino para proteger y conservar todas las actividades benéficas que actúan en su seno.
Según esto, es evidente que desconocerá la institución de la naturaleza, obrará contra el derecho natural, cualquier gobierno que, bajo el pretexto de proporcionar por sí mismo a la sociedad los bienes que necesita, ponga obstáculos al ejercicio de la acción de los particulares.
Ahora bien, nadie pondrá en duda que la educación de los miembros jóvenes de la sociedad sea uno de los principales bienes que al asociarse los hombres esperan del concurso de sus conciudadanos; por lo cual debe concluirse que el buscarla y proporcionarla libremente es un derecho de todo ciudadano; y velar por la conservación de tan sagrado derecho una obligación del Gobierno.
Por lo que toca al derecho no hay quien no lo admita; y el liberalismo lo proclama bien alto y lo estampa en la ley fundamental de todos los Estados; sólo falta que admita la obligación que de aquel derecho se deduce.
Y no se diga que todo Gobierno debe mirar como una de sus primeras obligaciones el fomento de la prosperidad pública, y que por lo tanto le pertenece tomar como negocio exclusivo suyo el ramo de la instrucción, del cual depende en gran parte dicha prosperidad.
En este raciocinio la conclusión es más lata que las premisas. No es lo mismo fomentar la instrucción, que monopolizarla estorbando o prohibiendo que cualquier otro se dedique a enseñar fuera de la dirección del Gobierno, como evidentemente se hace no dando a la enseñanza privada ningún valor por el efecto de seguir ulteriores estudios.
Por un raciocinio análogo diríamos, que, importando mucho para la prosperidad pública el desarrollo del comercio, de la navegación, agricultura, etc., a los Gobiernos pertenece organizar sociedades mercantiles, construir fábricas, trabajar en toda clase de industrias, impidiendo que los particulares se dediquen a cosa alguna de éstas fuera de la dirección del Gobierno.
¿Qué diferencia habría entonces entre este simulacro de sociedad y uno de los falansterios soñados por Fourier? Y sin embargo semejantes consecuencias se deducen muy lógicamente del principio en que se quiere apoyar el derecho del Estado a la dirección de la enseñanza.
Convenimos ciertamente en que debe fomentarla, como todo lo que contribuye a la prosperidad pública; pero este deber no da derecho para impedir ninguna otra iniciativa particular, antes obliga a favorecerla y cubrirla con su poderoso patrocinio; cuando más, podrá el Estado fundar colegios que inspiren completa confianza a los padres de familia, en el caso de que sean insuficientes los que la acción privada haya podido establecer; pero querer fundarlos con los recursos pedidos a los particulares, impidiendo a estos mismos el ejercicio de uno de sus más caros derechos, sería añadir el insulto al más odioso abuso de fuerza.
Semejante monopolio, tal como hoy lo vemos establecido, infiere además una grave lesión a los sagrados derechos que Nuestro Señor Jesucristo ha depositado en su Iglesia. Porque a Ella impuso su Divino Fundador el deber de dar instrucción religiosa a sus hijos, que son los cristianos, y en consecuencia hubo de concederle el correlativo derecho inalienable para hacerlo sin estorbo de poderes extraños, de los cuales es independiente; tiene asimismo la Iglesia en fuerza de este deber, el derecho de vigilar sobre la enseñanza que se da a los suyos en los diversos ramos de la ciencia profana, a fin de que en nada se oponga a la verdad revelada de que Ella es única depositaría.
Más ¿quién no ve que donde el Estado usurpa el magisterio supremo, no puede la Iglesia cumplir esos deberes, ni hacer uso de tales derechos? Por lo cual todos los establecimientos de enseñanza en países católicos tienen la obligación de subordinarse a la autoridad doctrinal de la Iglesia, y pueden los padres de familia exigir que los públicos establecimientos de instrucción cumplan con este deber, puesto que ellos los sostienen con sus tributos.
Insigne ejemplo de esta sumisión a la Iglesia está dando actualmente al universo entero en la cristiana República del Ecuador la Universidad oficial de Quito, cuyo Rector con todos los Decanos y Profesores han dado testimonio, en un documento enviado a la Santidad de León XIII en 1ro de Setiembre de 1884, de que se comprometen a profesar y defender todas las doctrinas que enseña la Santa Sede y a dar a la Teología y Filosofía la dirección que el mismo sabio Pontífice ha señalado en su encíclica Æterni Patris. Testimonio de filial amor a que el Padre Santo ha respondido elogiando a tan fieles hijos, alentándolos a seguir en esa recta senda, y mostrando el consuelo que un acto tan propio de cristianos lleva a su corazón, de mil maneras y por muchos ingratos hijos amargado.
Este monopolio desconoce también y conculca los derechos de los individuos y de las asociaciones particulares, cohibiendo en aquellos la libertad de aprender con los maestros que juzguen más aptos, y en estas la libertad de enseñar con los planes y métodos que estimen más convenientes; pero sobre todo anula los más preciados derechos de la sociedad doméstica, constitutivo esencial y preexistente a la sociedad civil.
Nadie, en efecto, puede poner en duda que el padre de familia ha recibido de la misma naturaleza el derecho, al cual por fundarse en un estricto deber no le es lícito renunciar, no sólo para promover el desarrollo corporal de sus hijos, sino también, y con mayor razón, para dirigir su educación intelectual y moral. De lo cual debe concluirse que al Estado no le pertenece regular la educación de la juventud; a no ser que admitamos el absurdo de que Dios ha constituido dos poderes supremos en un mismo orden de cosas, cuáles serían el Estado y el padre de familia en lo tocante a la educación de los niños.
§ II
Este desconocimiento de los derechos de la familia a la educación de sus hijos es uno de los aspectos más graves que tiene esta cuestión; y por esto se nos permitirá detenernos un tanto en ella, examinando los fundamentos sobre que pretenden basar su teoría los partidarios del Estado docente. Este fundamento, según advierte el Sumo Pontífice Pío IX, en la Encíclica Quanta cura, no es otro que un principio funestísimo del socialismo, a saber:
“que la sociedad doméstica, o sea la familia, deriva únicamente del derecho civil toda la razón de su existencia; y que por tanto sólo de la ley civil dimanan y dependen todos los derechos de los padres sobre sus hijos, y principalmente el derecho de instruirlos y educarlos”.
Semejantes doctrinas fueron proclamadas sin embozo por la Revolución Francesa de sangrienta y execrable memoria, cuando al decretar la educación nacional exigió bajo pena de muerte a los padres de familia que confiasen sus hijos a la República. En tiempos posteriores los liberales moderados no se atreverán a decir con Danton que los niños pertenecen a la República antes que a sus padres; con todo, en términos menos explícitos y por ende más engañosos, sostienen lo mismo.
Véase como discurre en su obra De la instrucción pública en España el señor Gil de Zárate, coautor del plan de estudios que en aquella nación se promulgó el año de 1845, y cuyo espíritu declara en el mencionado libro; dice así:
“Sólo donde reside la soberanía, reside el derecho de educar, es decir, de formar hombres apropiados a los usos que necesita el soberano…” por lo cual “trasladada la soberanía a la sociedad civil, a esta sociedad corresponde sólo el dirigir la enseñanza, sin que se mezcle en ella ninguna otra sociedad, corporación, clase o instituto que no tenga ni el mismo pensamiento, ni la misma tendencia, ni los mismos intereses”.
Así habló el señor Gil de Zárate, como órgano de un Gobierno moderado; y en verdad que no se adelantó a decir más el mismísimo Robespierre, cuando en la Asamblea francesa afirmaba que “sólo a la patria asiste el derecho de educar a sus hijos”.
Tenemos, pues, que cuantos se empeñan en sostener la autoridad docente del Estado convienen tácita o paladinamente en considerarlo como fuente de la cual dimanan todos los derechos de los padres para con sus hijos; pero como este principio es de todo punto falso, tal doctrina queda sin más apoyo que el de la fuerza bruta.
En efecto, todos los derechos de los padres sobre sus hijos, y principalmente el derecho de instruirlos y educarlos, estriban en el hecho de la generación; la cual se funda en el derecho a contraer matrimonio, que todo individuo recibe de la misma naturaleza y no del Estado. Tan cierto es esto, que la formación de la sociedad civil supone necesariamente la preexistencia de varias familias plenamente constituidas con todos los derechos que les son inherentes, viniendo el Estado como auxiliar de la familia para garantir su conservación y proteger aquellos derechos. De donde resulta que, lejos de poderse decir que la familia recibe su existencia del Estado, debe afirmarse por el contrario que éste nace de la familia y para servir a la familia.
Pero ahondemos en la cuestión hasta llegar al fundamento en que el socialismo apoya sus doctrinas. Este fundamento no es otro que la tan conocida teoría de Rousseau, según el cual, el único modo legítimo de formarse la sociedad civil consiste en “la alienación de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad”. (1) De donde proviene que “como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos”. (2)
Hablando del hijo de familia dice el mismo, que:
“los hijos no permanecen ligados al padre por más largo tiempo que mientras tienen necesidad de él para conservarse. Tan pronto como cesa esta necesidad, el lazo natural se deshace. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre, el padre exento de los cuidados que debía a los hijos, entran todos igualmente en la independencia”.
Lo curioso sería averiguar ahora cuándo cesa esta necesidad que tienen los hijos de los cuidados paternos, pero nos ahorra el mismo Rousseau la tarea de indagarlo, decidiendo que
“tan luego como está (el niño) en edad de razón, siendo él solo juez de los medios apropiados a su conservación, queda por el mero hecho constituido dueño de sí mismo”.
Así que, por dos títulos viene a quedar el hijo de familia bajo el dominio del Estado, cuando entra en lo que el filósofo novelista llama independencia: primeramente, porque su padre ha traspasado a la comunidad todos sus derechos; y en segundo lugar, porque al llegar al uso de la razón cae irremisiblemente bajo la jurisdicción del cuerpo político, que en virtud del supuesto pacto social ejerce un poder absoluto sobre todos sus miembros.
Mas si por ventura después de esto quedan aún los hijos sujetos a la autoridad de sus padres, ha de entenderse que es por benévola concesión del Estado, el cual dictará a la familia las leyes que crea más oportunas para el bien de la República; de suerte que en todo cuanto sigan haciendo los padres por la educación de sus hijos, deben considerarse como meros mandatarios del Estado, amovibles siempre que no obedezcan sumisamente a sus órdenes, aunque de cumplirlas hubiere de resultar la ignorancia intelectual y la corrupción moral de la infancia.
Tales son en toda su nativa crudeza las doctrinas que constituyen la base del Estado moderno, y de las cuales deriva éste su pretendido derecho de dirigir la enseñanza; doctrinas a la verdad tiránicas, que engendran la más odiosa centralización y el más feroz despotismo; que arrebatan los hijos a sus propios padres para ofrecerlos en cruel sacrificio a ese Moloch de nuestros días que se llama el Dios-Estado; que aniquila la familia destruyendo su autonomía y usurpando sus más preciados derechos; teorías antisociales y sacrílegas, cuyo blanco principal es educar a la juventud en el ateísmo y la impiedad, para alistarla más tarde en las filas de la revolución, y cuyo último resultado será convertir el mundo en presa de la demagogia brava, azote de la humanidad, verdugo que el Estado moderno acaricia imprudentemente en su seno, sin advertir que está destinado a ser su primera víctima; desvaríos en fin de una imaginación calenturienta alborotada por el hervor de las pasiones, cuya mejor refutación es ponerlos a la vista y entregarlos al tribunal del sentido común, para que sean el ludibrio de cuantos conservan vigoroso el sentimiento de su propia dignidad.
§ III
Réstanos ahora demostrar que esta intrusión de los Gobiernos en la enseñanza, además de ser injusta, es causa muy principal del deplorable estado a que han venido los estudios; y con esto terminaremos el presente artículo, último de la serie que al examen del sistema moderno hemos dedicado.
Siendo ateo el Estado llamado moderno, pues se rige según los principios del filosofismo heterodoxo del siglo XVIII, es lógico que haga todo lo posible para que esté informada también de ateísmo la enseñanza que dirige; de donde dimanan todas las fatales consecuencias que no puede menos de producir, como en otra parte expusimos, esa ciencia espuria divorciada de la religión, ciencia del error y del mal, veneno mortífero de las almas juveniles, semillero de sociedades degradadas, madre fecunda de ciudadanos sin nobleza de hombres, y sin virtudes de cristianos, devorados por la insaciable sed de sus concupiscencias y marcados con el estigma del más abyecto servilismo.
El Estado ateo desconoce asimismo la divinidad de la Iglesia, y sólo tolera su existencia con la condición de tenerla sometida a su arbitrio, como una de tantas asociaciones que en el seno de la sociedad civil se forman y están sujetas a sus leyes. Mas, sorprendido de su colosal grandeza y conociendo, por el esfuerzo que hace para arrancarlas, cuán profundas son las raíces de amor y veneración que tiene en el alma de los pueblos católicos; el Estado moderno, se siente herido en su orgullo al verse tan pequeño, y como dispone de todos los recursos del poder, desfoga la envidia que roe sus entrañas, persiguiendo y atropellando a la inmaculada Esposa de Cristo, porque no humilla su cerviz a la violencia de la fuerza, ni entra en pactos ni admite transacciones con el espíritu del siglo.
Este, y no otro, es el móvil que le impulsa a desechar en la organización de su enseñanza el sistema antiguo por odio a la Iglesia que lo tenía adoptado.
En los antiguos establecimientos se empezaba la educación por el estudio de las lenguas y literaturas clásicas de Grecia y Roma; pues el Estado moderno emprenderá contra el latín y el griego ruda y tenaz campaña.
La Filosofía, y en especial la Metafísica, eran tenidas por los antiguos en grande estima; pues el Estado moderno se encargará de arrinconarlas como trasto inútil y sustituirá en su lugar la observación y estudio de la materia, que si adorna menos la inteligencia en cambio llena más el estómago.
En las antiguas Universidades era la sagrada Teología corona de todas las ciencias y faro luminoso que las guiaba con rumbo fijo al puerto seguro de la verdad; pues el Estado moderno, que no reconoce a otro Dios que a sí mismo, negará hasta el nombre de ciencia a la más sublime de ellas, sólo porque trata de un Dios que no es el Dios-Estado.
La escuela antigua, en todos sus grados, estaba animada del espíritu religioso y embebía a los jóvenes en las puras doctrinas y prácticas saludables de la santa fe católica; pues el Estado moderno alejará de la escuela como presagio fatídico todo signo de religión, y no permitirá en sus cátedras persona alguna seglar o eclesiástica, que profese con franca entereza sus creencias católicas y pretenda inculcarlas en el ánimo de sus discípulos.
Poco le importa a este tiranuelo liberticida, que se corrompa el pueblo por faltarle la educación religiosa, sostén y salvaguardia de toda moralidad, o que se embrutezca y materialice descuidando el cultivo del espíritu por gozar el lucro de la materia; el blanco de sus aspiraciones es herir a la Iglesia de Dios: nada quiere de ella y todo lo hace contra ella.
De este mismo odio que a la Iglesia tiene el Estado moderno, nace el haber repudiado el método didascálico que se usaba en los antiguos colegios; método nacido de una experiencia secular y de un atento estudio de la naturaleza del niño, comprobado además por el brillante éxito que universalmente obtuvo en la formación de muchas generaciones; y todo para reemplazarlo por esa plaga de métodos modernos, irracionales en sus fundamentos, voltarios en su aplicación y estériles en sus resultados, contra los cuales bastante hemos escrito en los artículos precedentes.
Podría decir quizás alguno que esos daños de los modernos sistemas, así en el orden religioso como en el literario y científico, no tanto deben atribuirse a los gobiernos como a las nuevas ideas que se han generalizado en la sociedad; de manera que, si el gobierno no hubiese asumido el monopolio de la instrucción pública, la enseñanza hubiera tomado el mismo rumbo, porque los particulares a cuyo cargo estuviese serían arrastrados por la misma corriente de opiniones.
Pero si el Estado no hubiese establecido el monopolio de la instrucción, existirían muchos establecimientos de enseñanza dirigidos por corporaciones religiosas o individuos que inspirasen plena confianza a los padres católicos, y no participando estas corporaciones o individuos del entusiasmo novelero que agita a los gobiernos del día, hubieran conservado en toda su integridad el antiguo sistema, que las exigencias oficiales no les permiten ahora seguir libremente.
Y esto con tanta mayor razón cuanto que el instinto católico de las familias les hace buscar para la educación de sus hijos los colegios religiosos con preferencia a los del Estado, y muchas sólo consienten en llevarlos a las escuelas oficiales por temor de que no pudiendo recibir los grados académicos, sean más tarde excluidos de los destinos públicos a que aspiran para ganarse la subsistencia. Quítese esta sanción a los modernos sistemas y al punto perderán su prestigio, y renacerán con todo el vigor y lozanía de los tiempos pasados la enseñanza cristiana, único remedio que puede curar las dolencias de la sociedad actual gangrenada por la podredumbre de sus vicios.
Existe todavía otra causa que hace estéril y nociva la enseñanza del Estado. Según los sistemas políticos que hoy están en boga, la base de todo gobierno está en el sufragio, del cual depende la designación de las personas que han de gobernar y la sanción de las leyes, que son las reglas a que aquellas han de ajustar sus actos. De aquí fluye como consecuencia inevitable, la formación de partidos, que vienen a ser los ejércitos con que los aspirantes conquistan la fortaleza del poder, y les sirven, una vez conquistada, para mantenerse en su pacífica posesión y para encaminar según su voluntad todos los asuntos del Estado.
Se comprende, pues, que un gobierno nada desee con más ahínco que mantener y vigorizar su partido, y que todo lo subordine a la consecución de una mayoría de sufragantes; y ¿habría de despreciar esa falange de empleados que le puede ofrecer el Ministerio de Instrucción Pública con todos los rectores, inspectores, profesores y demás oficiales que de él dependen?
Por eso vemos con harta frecuencia en todas las naciones que en el nombramiento de profesores y directores de colegios, antes que la idoneidad, moralidad y ciencia del que pretende estos cargos, se averigua su opinión política, y el más inepto e ignorante ocupará el sillón de una cátedra con tal que se preste a ser dócil instrumento de la política imperante.
De esta manera la santa causa de la educación, confiada por la Divina Providencia al cariño paterno, se ve convertida en vil tráfico y en poderosa palanca de partido; y entregada a sujetos de aptitudes poco investigadas no puede menos de sufrir quebranto irremediable.
Del mismo motivo proviene la gran movilidad en los planes de estudios y organización de la enseñanza, que tan desfavorablemente influye en los adelantos escolares; porque variando tan a menudo el personal administrativo en nuestros sistemas políticos, es lo más natural, y de hecho así sucede, que cada Ministro de Instrucción Pública, para no seguir a ciegas la rutina de sus predecesores intente renovar algo, conforme a sus propias ideas; de aquí tantos cambios y mudanzas, cuyos funestos resultados ponderamos con suficiente copia de datos y razones en uno de nuestros primeros Capítulos.
De todo lo dicho, pues, se sigue que para levantar el nivel de la enseñanza y curar radicalmente los males que aquejan a la sociedad, es menester que los gobiernos desistan de usurpar el derecho de educar a la juventud, y lo devuelvan a quien naturalmente lo debe poseer, que es la familia, dirigida en las sociedades cristianas por la Iglesia.
Con toda precisión y claridad explicó estas doctrinas el sapientísimo Pontífice León XIII, cuando era Cardenal Obispo de Perusa, y nos complacemos en citar sus palabras, porque a la par que confirman nuestro humilde parecer, compendian todo cuanto acerca de esta importante cuestión llevamos explicado; helas aquí:
“El deber de la educación por razón natural es de tal manera inherente al carácter y potestad de los padres que no admite abdicación; y el poder social por su ordenación no es propiamente llamado a subrogar este gran oficio de la paternidad, sino a coadyuvar a las obras de los educadores naturales, y a vigilar y proteger el gobierno y buena dirección de la familia… La familia no es hechura o creación de la sociedad civil; y la potestad paterna no es una concesión de la ley humana; las relaciones y deberes que existen entre padres e hijos son anteriores y superiores a toda humana agregación. El hombre nace sociable; mas perteneciendo primero a la sociedad doméstica y religiosa, no viene al comercio civil sino por la familia, ya preparado por el magisterio de la Religión y bajo la guía de la autoridad paterna.”
Notas:
1) Contrato social, 1. I c. 6.
2) 60 Contrato social, 1. II, c. 4.
