HISTORIA DE LAS HEREJÍAS EN LA IGLESIA

CONSERVANDO LOS RESTOS II

Trigésimoseptima entrega

ESPAÑA Y PORTUGAL
EL REGALISMO

España se desangró en los campos de batalla de Europa durante la guerra de los Treinta Años. La primera gran derrota de los invencibles tercios españoles fue la de Rocroy, en 1643.

Holanda, Inglaterra, la Francia de Richelieu, de Mazarino y de Luis XIV, juntamente con la sublevación de Cataluña y Portugal, eran demasiados enemigos para una España gobernada por validos como el presuntuoso conde-duque de Olivares. Y todavía en la paz de Westfalia se arregló Mazarino para firmar por separado la paz con Austria y dejar a España sola en los campos de batalla.

Sin embargo, las armas dieron más de una victoria a nuestros soldados; pero el tratado de paz en la isleta de los Faisanes, junto al Bidasoa, donde se ajustó la paz de los Pirineos en 1659, dio la hegemonía de Europa a Francia.

En 1688 España reconocía la independencia de Portugal. España declinaba visiblemente, aunque todavía seguía siendo una potencia mundial por sus posesiones en Europa y en el Nuevo Mundo, con la cual la Santa Sede había de contar.

1. El regalismo. También en España y Portugal tuvieron repercusión los principios absolutistas y galicanos reinantes en la paz de Westfalia, aunque en estas naciones revistieron modalidades típicas. Durante el reinado de los dos últimos Austrias, Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700), predomina la idea de los privilegios reales que la Santa Sede ha concedido a los reyes de España y Portugal en recompensa de los servicios prestados a la Iglesia. Los roces de estos soberanos, o mejor dicho, de sus validos, con la Santa Sede, revisten el carácter de abusos en la extensión y centralización del patronato regio y de la suprema Inquisición española. Algunos juristas comienzan ya a desmandarse por los campos del error en sus avanzadas ideas regalistas.

En cambio, con la venida de los Borbones, el absolutismo francés de Luis XIV se aclimata en España y las ideas regalistas van adquiriendo ciertos caracteres heterodoxos, que han de culminar en tiempo de Carlos III y Carlos IV en España y en tiempo de Pombal en Portugal.

La palabra regalismo, vaga y elástica en su etimología, significa en historia eclesiástica la intrusión ilegítima del rey y sus consejeros en materia religiosa. En cierto sentido es sinónimo de cesaropapismo; pero éste lleva su intromisión hasta los asuntos dogmáticos.

El regalismo de los pasados siglos es, en frase de Menéndez Pelayo, una guerra hipócrita, solapada y mañera contra los derechos, inmunidades y propiedades de la Iglesia, ariete contra Roma, disfraz que adoptaron los jansenistas primero, y luego los enciclopedistas y volterianos, para el más fácil logro de sus intentos, ensalzando el poder real para abatir el del Sumo Pontífice, y, finalmente, capa de verdaderas tentativas cismáticas.

A la sombra del regalismo se expulsó a los jesuitas, se inició la desamortización, se secularizó la enseñanza y hasta se intentó la creación de una iglesia nacional y autónoma, torciendo y barajando antiguas y venerandas tradiciones españolas.

El regalismo es propiamente la herejía administrativa, la más odiosa y antipática de todas.

El origen de varias de las regalías eclesiásticas data de los siglos XIV y XV. Hasta cierto punto, estas regalías se impusieron necesariamente en el desorden producido por el período de Aviñón y el cisma de Occidente. Cuando tantos documentos eclesiásticos se falsificaban o llegaban emanados de las diversas curias pontificias, se imponía que los obispos y los gobiernos vigilasen y ejerciesen cierto exequátur. Cuando los Romanos Pontífices o los varios contrincantes multiplicaban sin fin las reservas, era obvio que en el clero y el gobierno de las naciones surgiera marcada aversión al dominio extranjero en las prebendas y beneficios, y los reyes aspirasen al tus patronatus, con la colación de beneficios a personas bienquistas.

Ciertamente, los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II tendían al centralismo nacional, a cierto regalismo. Pero si entonces estas tendencias regalistas y nacionalistas se desfogaban en frases acerbas, estas frases eran hijas de la aversión a la corrupción de la curia romana, no de falsos principios.

El tiempo fue viciando el ambiente. «Nuestros más famosos regalistas prácticos —dice Menéndez Pelayo— o de la primera escuela corresponden al reinado de Felipe IV. Dióles pretexto y alas la desavenencia de aquel monarca con Urbano VIII (Barberini), muy italiano y muy inclinado a la alianza de Francia». Se llegó hasta cerrar la nunciatura en 1639. Pero en octubre de 1640 se vino a la concordia de Fachinetti, en la cual quedaban restringidos los usos y privilegios, de la Nunciatura de Madrid.

Con esta ocasión pululó una nube de publicistas regalistas al estilo de Ceballos, Salcedo y Salgado de Somoza; pero sobre todo es célebre el memorial presentado a Urbano VIII en 1633 por orden de Felipe IV y compuesto por Fr. Domingo Pimentel, después cardenal arzobispo de Sevilla, y por Juan Chumacero y Carrillo, después presidente del Consejo de Castilla. En él se exponían todos los supuestos gravámenes de la Santa Sede sobre España: los espolios, las vacantes, las coadjutorías, las pensiones sobre beneficios y una serie de quejas contra la Nunciatura y los aranceles de la Dataría.

Con la implantación, sin autorización pontificia, del subsidio de los millones sobre las iglesias españolas, llevado a cabo en 1650, el regalismo se creyó triunfante; pero la resistencia de los obispos lo arrumbó por entonces. Para apreciar el avance del regalismo en España, es ya buen jalón la consulta de 1693, presidida por el marqués de Mancera. En ella se vio que la magistratura civil era enemiga de las inmunidades eclesiásticas y quería ver libre el campo, sin tener que rozar con la eclesiástica en materia jurisdiccional.

Con los Borbones, a comienzos del siglo XVIII, el rey tenía en sus manos la regalía del patronato con el derecho de presentación, el uso del exequátur regio, el del recurso de fuerza, el vicario regio de Indias y una escuela de leguleyos que sostenían tales derechos. Cuando esos leguleyos en tiempo de Carlos III y IV quedan imbuidos por el espíritu jansenista, volteriano y enciclopédico, el regalismo degenera en herejía.

2. Guerra de sucesión española. La guerra de sucesión española ofreció a Felipe V ocasión para mostrar sus ideas absolutistas frente a la Santa Sede. Al dibujarse en el horizonte la perspectiva de la muerte, sin sucesión, de Carlos II de España, comenzaron las preocupaciones del Romano Pontífice por la paz de Europa.

Muchos eran los pretendientes a la corona española: José Fernando de Baviera, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I.

Indignado Carlos II al ver que los políticos europeos habían firmado dos tratados repartiéndose las posesiones españolas, nombró heredero único, para evitar el desmembramiento de España, a José Fernando de Baviera. Pero este príncipe murió cuando iba a ponerse en camino para España. En la corte española quedaban dos candidaturas: la de Felipe de Anjou, patrocinada por el influyente embajador francés, conde de Harcourt, y el celoso cardenal Portocarrero, y la del archiduque de Austria, patrocinada por el embajador imperial, conde de Harrach, el embajador inglés, Stanhope, la reina y el conde de Oropesa. Triunfaron los manejos de la camarilla francesa, y Carlos II nombró heredero a Felipe de Anjou.

Después del desventurado reinado de Carlos II, España, en general, recibió con júbilo el testamento. Luis XIV aceptó, y en sesión solemne declaró a su nieto rey de España. Varias potencias comenzaron a reconocer al nuevo soberano, que entró en Madrid y comenzó a gobernar. También Clemente XI lo reconoció.

Pero el emperador no se avino, y se comenzó a preparar la acción de las armas. Clemente XI puso en juego todo su influjo por evitar la guerra, pero fue inútil. En 1701, temiendo la potencia colosal que surgía con Francia y el imperio español, se pusieron de parte del emperador Inglaterra y Holanda, formando la Gran Alianza. Además, el emperador se atrajo a su partido al elector de Brandeburgo, concediéndole el título de rey de Prusia. La situación del Papa era comprometida, como cabeza de la cristiandad y como príncipe italiano.

Como el ducado de Prusia había sido de la Orden Teutónica, el Papa no podía reconocer aquel título. Además, Felipe V, como rey de España, se proclamó rey de Nápoles y Sicilia, feudos de la Santa Sede, cuya investidura procuraba para sí el emperador. La presión de ambas partes se hacía cada vez más intolerable para la Santa Sede. El Papa se empeñaba por mantenerse neutral y daba largas al negocio, pero con esta conducta disgustaba igualmente a ambas cortes.

Ya que no pudo evitar la guerra, Clemente XI trató de alejarla de Italia; pero en 1701 Francia arrojó sus tropas sobre Milán y Mantua y al principio parecieron triunfar. Con esto el embajador imperial, Lamberg; el español, Uceda, y el francés, Forbin, cada uno por su lado, instaban por la solución. El Papa reunió varias congregaciones de cardenales y resolvió que no podía determinarse sin oír a las dos partes.

Pronto reaccionaron las armas imperiales con el genial príncipe Eugenio de Saboya. En la misma Roma se tramó un complot para expulsar a los Borbones de Nápoles. Fracasó el intento, pero estas maquinaciones inclinaron el ánimo del Papa hacia la causa francesa. El emperador ordenó a sus tropas penetraran en Ferrara y atravesaran los Estados pontificios camino de Nápoles. Los desafueros de las tropas, compuestas en buena parte de luteranos y daneses protestantes, hicieron más odiosa su causa.

Las relaciones entre el Papa y el emperador eran ya muy tirantes, cuando en 1702 Felipe V apareció en Nápoles, de donde envió al marqués de Louville que en su nombre prestara homenaje al Papa. Este se vio obligado a responder con la legación extraordinaria del cardenal Carlos Barberini. ¿No era esto reconocer a Felipe V como rey de Nápoles y Sicilia? El enojo del emperador era vivísimo. El secretario de Estado, Paolucci, explicó la significación de la legación como acto de simple cortesía; pero la corte de Viena, ofendida, se negó hasta a recibir al cardenal Spada, enviado por el Papa como intermediario de la paz.

La escisión fue mayor cuando en 1703, ya oficialmente, el emperador, a instancias de Inglaterra y Holanda, reconoció a su hijo el archiduque Carlos como rey de España. Si hasta 1704 reinó Felipe V en España con relativa calma, en 1704 los ingleses se apoderaron de Gibraltar, y en pro de don Carlos se levantaron Aragón, Cataluña y Valencia. La guerra hubiera tomado otro rumbo si las tropas imperiales, formadas en parte por elementos protestantes, no hubieran cometido toda suerte de desafueros por Andalucía y otras regiones, con lo cual muchos elementos católicos se pasaron a Felipe, quien aparecía, a pesar de su regalismo, como el defensor de la causa católica.

Cuando la tirantez entre Roma y el emperador amenazaba una ruidosa ruptura, murió Leopoldo I en 1705. Varias fueron las tentativas de concordia. Todas fracasaron por la oposición y los manejos del embajador imperial Lamberg, de suerte que con José I se llegó a una ruptura. El 15 de julio de 1705 salía de Roma el embajador Lamberg, y el nuncio de Viena, Davia, recibía orden de alejarse de la corte en el espacio de tres días.

Pero ya la fortuna comenzaba a sonreír a los imperiales. El victorioso príncipe Eugenio de Saboya, por una parte, y por otra el insigne general inglés Malborough (el Mambrú de los cantares españoles), destrozaban las tropas francesas y bávaras en Hochstadt en 1704 y Ramillies y Turín en 1706, con lo cual perdían las posesiones de Alemania, Flandes e Italia. Carlos triunfaba también en España. El desembarco en Portugal obligó a Felipe a dejar Madrid. José I creyó llegado el momento de humillar al Papa. A fines de 1706, las tropas imperiales comenzaron a penetrar en Bolonia y Ferrara, sin perdonar vejámenes y exigiendo penosos impuestos de guerra. Los breves de protesta del Papa ante el emperador no surtían efecto alguno. Para 1707 la guerra llegaba a las puertas de Roma, pues el mariscal Dann, en vez de pasar por los Abruzos para dirigirse a Nápoles, echó sus tropas por la campaña romana. El Papa, inerme, no tenía más remedio que dejar hacer, protestando.

Bajo la amenaza de las tropas próximas a Roma, se presentó en la Ciudad Eterna el conde Martinitz para negociar un pacto entre el Papa y la casa de Habsburgo. El Papa había de reconocer al archiduque Carlos como rey de España. Resistió algún tiempo, pero las armas imperiales se apoderaron en unos días de Nápoles y se volvieron contra el Estado de la Iglesia, mientras Malborough y el príncipe Eugenio derrotaban a Vendóme en Oudenarde y se apoderaban de Gante, Brujas y Lila. En octubre-noviembre de 1708, el marqués de Prié impuso a Clemente XI la paz, por la cual se estipulaba que el Papa licenciaría sus tropas, daría al emperador cumplida satisfacción por una serie de actos que el emperador consideraba ofensivos y reconocería a Carlos igualdad de derechos que a Felipe de Anjou al trono de España. La cuestión de Comacchio y Parma la resolvería una comisión de cardenales con Prié y Carvelli por parte del emperador. Por fin, el Romano Pontífice reconocería al emperador el derecho de precedencia sobre Luis XIV.

Aislado como se hallaba, el Papa tuvo que aceptar las condiciones en enero de 1709. Luis XIV negociaba también la paz. Pero como le exigieran los aliados que él mismo destronara a su nieto, juntó otro ejército, que fue vencido en Malplaquet. Luis XIV cedió, pero su nieto se resistió, y, aunque fue derrotado en Almenara y Zaragoza en 1710 y tuvo que salir de Madrid por segunda vez, recobró la capital y ganó las batallas de Brihuega y Villaviciosa.

Contra las insinuaciones de su abuelo y en su afán de mantener sus derechos 28, Felipe V rompió ofendido con Roma: en mayo de 1709 llamó de Roma al duque de Uceda; el nuncio de Madrid fue desterrado y la nunciatura fue cerrada. Quedaron prohibidas las comunicaciones con Roma y fueron llamados todos los súbditos españoles residentes en la Ciudad Eterna bajo pena de confiscación de bienes.

Como consecuencia de este alejamiento, el 10 de octubre anunció el Papa que en el próximo consistorio reconocería a Carlos como rey de España a pesar de las representaciones del cardenal De la Trémouille, y, efectivamente, así lo hizo el 14 del mismo mes, y en un Breve dado el día 10 se dirigía a Carlos con estas palabras: «A mi amadísimo hijo el católico rey de España».

Pero el 17 de abril de 1711 moría el emperador José I, a los treinta y tres años, sin haber pensado en arreglar su sucesión. Hubo, naturalmente, sus pretendientes aun entre los protestantes, y principalmente Federico de Prusia trabajó por allanar el trono imperial a su heredero. También el rey de Suecia, auxiliado por Francia, abrigaba sus esperanzas. La elección recayó sobre el archiduque Carlos.

Este hecho cambió por completo la faz de las cosas. Al subir al trono imperial Carlos VI, pretendiente del trono español, Inglaterra y Holanda temieron su predominio más que el de los Borbones; quedó rota la Gran Alianza, sobre todo habiendo dominado en Inglaterra los tories sobre los wighs, cuyo jefe era Malborough. Convenía al equilibrio europeo que Felipe V fuera rey de España. Carlos VI, con la corona imperial, retendría las posesiones españolas de Italia y los Países Bajos. Las negociaciones comenzaron en Utrecht el 12 de enero de 1712 y terminaron con la paz de Utrecht, del 11 de abril de 1713. Carlos VI, abandonado de todos, firmó también la paz de Rastatt en 1714.

3. El patronato universal. Una vez asegurado el trono de España, Felipe V quiso restablecer las relaciones con la Santa Sede. Pero en estos trámites jugaban ya no sólo las ideas absolutistas del nieto de Luis XIV, sino también las ideas regalistas de sus consejeros. Ya no se movían en un plano de mutua concordia la Iglesia y el Estado, sino que el Estado se creía superior. Empezaba a aparecer en el horizonte político español la idea del patronato universal como derecho de soberanía. En estas ideas abundaban don Francisco Solís, obispo de Córdoba y virrey de Aragón, en su famoso dictamen, dado en 1709, Sobre los abusos de la corte romana por lo tocante a las regalías de S. M. Católica y jurisdicción que reside en los obispos. Algunos años después, en 1713, el intendente de Aragón, don Melchor de Macanaz, en su Informe presentado al Consejo de Castilla, llegaba más lejos, lindando los campos de la herejía.

Al iniciarse las conversaciones de la paz de Utrecht en 1712, Clemente XI se dirigió a Luis XIV, pidiéndole interesase a su nieto en reanudar las relaciones. También el insigne cardenal Belluga insistía ante Felipe V por la concordia. Las negociaciones previas comenzaron en París entre el auditor Pompeyo Aldrovándi y Rodrigo Villalpando, y en Roma entre el cardenal Corradini y el ministro de España, monseñor Molines.

Villalpando presentó diez capítulos de arreglo: en ellos se atacaban las reservas, pensiones bancarias, espolies, vacantes y abusos de la Nunciatura. Por entonces no se pudo venir a un acuerdo.

Pronto se prosiguieron las negociaciones en Madrid. Como primer paso, en 1715 el rey publicaba una orden permitiendo circular las numerosas bulas de provisiones, retenidas desde 1709.

Por fin, el intrigante y ambicioso abate Alberoni, omnipotente con el apoyo de la reina, viendo en el asunto una buena ocasión para ganarse el capelo cardenalicio, manejó todos los resortes, y en 17 de junio de 1717 se llegaba a un concordato, en que firmaban Alberoni por España y Aldrovándi por la Santa Sede.

No duró mucho esta concordia, pues al año siguiente, habiéndose negado el Papa a confirmar la elección de Alberoni para arzobispo de Sevilla, el soberbio áulico rompió de nuevo las relaciones con Roma, cerró la Nunciatura de Madrid, y los 3.000 pretendientes españoles de beneficios eclesiásticos residentes en Roma se vieron obligados a abandonar la Ciudad Eterna por una orden del rey.

La privanza de Alberoni, embarcado en los planes de engrandecimiento de España, provocó la Cuádruple Alianza y tuvo un ruidoso fin con el destierro del privado. Entonces el Papa abrió un proceso contra el proceder del desaprensivo consejero. La muerte del Pontífice suspendió el proceso, e Inocencio XIII, cambiadas las circunstancias, lo repuso en su dignidad cardenalicia y declaró que el proceso no había arrojado culpabilidad notable.

Con la desaparición de Alberoni y el cambio de política y de personajes se prosiguieron las negociaciones de arreglo de España con la Santa Sede. En 1720 vino a Madrid en calidad de nuncio Alejandro Aldovrandini, a quien Clemente XI en 1721, poco antes de morir, le enviaba plenos poderes para negociar un acuerdo.

Por otra parte, varios prelados españoles anhelaban una concordia y una reforma. En este sentido, el egregio cardenal Belluga consiguió que Inocencio XIII diera en 13 de mayo de 1723 su constitución Apostolici ministerii, con varias reformas para la Iglesia española, que desgraciadamente encontraron resistencia en ambos cleros.

Durante algún tiempo se pensó en oponer a las reservas pontificias el patronato universal de los reyes de España. Efectivamente, con ocasión de la provisión del priorato de Caparroso en 1726, el abad de Vivanco pretendió haber descubierto nada menos que 30.000 piezas eclesiásticas que en la jerga regalista de la época habían sido usurpadas al patronato regio. En 1735, una junta secreta examinaba la palabra de Vivanco, para ver el partido que de ella se podía sacar para la causa del patronato universal. El alma de esta tendencia antirromana fue durante treinta años Gaspar de Molina, obispo de Málaga y desde 1735 presidente del Consejo de Castilla. En Roma se temía, entre otras cosas, que la Cámara real se constituyera en órgano de las provisiones eclesiásticas. Efectivamente, de Madrid emanaban varios decretos en este sentido.

Para colmo de males, la política ambiciosa de Isabel Farnesio respecto de Italia, que ocasionó serios tumultos en Roma y Velletri, ofreció nuevo pretexto para romper las relaciones con Roma; se clausuró la Nunciatura, se desterró al pronuncio y se prohibió al nuevo nuncio Valenti venir a Madrid.

Para 1737, apaciguados ya los ánimos, Felipe V enviaba a Roma al cardenal Aquaviva para negociar una concordia. El cardenal propuso que Roma despachara gratuitamente las dispensas apostólicas, cediera los espolios y suprimiera la jurisdicción de la Nunciatura. Tal propuesta fue desechada por Spinelli a nombre de Clemente XII. Entonces Aquaviva desenterró el proyecto del marqués de la Compuesta, planeado en París en 1713. Las negociaciones yacían estancadas, cuando Gaspar de Molina giró en redondo, sin duda movido por la esperanza de conseguir el capelo en el próximo consistorio, y propuso al rey se contentase con pedir simplemente que los bienes eclesiásticos tributaran como los demás.

Así se llegó a firmar el concordato provisional de 1737, que dejaba sin resolver el punto capital de la existencia o no existencia del patronato universal. Por eso, en el artículo 23 de este concordato se preveía la continuación de las negociaciones para aclarar este punto. Efectivamente, en 1738 el cardenal Gaspar de Molina proponía se procediese al examen de la existencia del patronato universal. Pusieron manos a la obra el nuncio Valenti Gonzaga con su auditor y el cardenal Molina con don Pedro de Montalvo. Pero la intransigencia de Molina cerraba el paso a toda solución aceptable.

Con la elección del gran Pontífice Benedicto XIV, la contienda había de hallar una solución largo tiempo buscada.

El 6 de abril de 1741, el mismo Papa se ofreció a intervenir personalmente en el examen y solución de este enojoso pleito. Su preparación canónica le hacía, sin duda, el sujeto más apto para el caso; la plenitud de sus poderes y sus tendencias amplias y generosas le allanaban las dificultades.

Comenzaron, pues, las negociaciones, que llevaban por parte del rey el cardenal Aquaviva y Belluga. Se presentaron 16 piezas relativas al patronato español, y el marqués de los Llanos, don Gabriel de Olmeda, redactó un informe sobre el derecho de la Cámara real en materia de patronato, En este particular había dos cuestiones íntimamente unidas: una era la existencia del mismo patronato; otra, la competencia de la Cámara real para entender en esta materia.

Benedicto XIV fue examinando los fundamentos del patronato, los cuales, naturalmente, habían de ser los canónicos de fundación y dotación de iglesias y beneficios o la gratuita concesión pontificia para recompensar servicios prestados a la Iglesia, por ejemplo en la lucha contra los moros o en la conquista y evangelización de tierras de infieles.

Descubrió, efectivamente, que los reyes de España gozaban, sin duda, de una serie de privilegios en materia patronal, como sobre las iglesias de Granada y el patronato de las Indias, y tenían los derechos ordinarios patronales sobre una serie de beneficios fundados o dotados por los reyes o que con el tiempo habían pasado a manos del rey. Pero, por más que examinó los documentos, no aparecía, ni en la Bula de Urbano II, que, por otra parte, Benedicto XIV rechazó como falsa, el documento probativo del supuesto patronato universal.

Por lo tanto, Benedicto XIV reconoció el derecho del patronato real español en el nombramiento de los obispados, monasterios y beneficios consistoriales, como fundado en Bulas Pontificias; reconoció también que el rey de España tenía derecho de presentación a otra serie de beneficios diversos, que antes presentaban ciertos títulos, como barones o condes fundadores; además, algunos canonicatos de Toledo, Burgos, León, Barcelona, y algunas dignidades de Cataluña y Zaragoza, eran de presentación real legítima. Pero el supuesto patronato universal no presentaba pruebas fehacientes.

Siendo esto así, se duele Lambertini, en su Rimostranza o Réplica a los documentos presentados por la parte contraria, de que algunos osen hablar de patronato universal de los reyes de España. Esos regalistas que tanto alardean de recuperar los derechos reales, al fin y al cabo adquiridos por concesión pontificia, se olvidan no sólo de los derechos innatos de la Santa Sede en la provisión de los beneficios eclesiásticos, sino hasta del uso ya inmemorial de las reservas, que desde tanto tiempo venía disfrutando la Iglesia.

Aquí debía haber terminado este proceso, dice R. Sánchez de Lamadrid con razón. Sin embargo, las negociaciones prosiguieron. En el punto de la competencia de la Cámara real, tanto Benedicto XIV como la corte de España estaban a cual más intransigentes. Como prueba del derecho de la Cámara real, el marqués de los Llanos había presentado la costumbre inmemorial; pero Benedicto XIV, como observa el mismo Lamadrid, estaba más dispuesto «incluso a ceder un crecido número de provisiones antes de consentir que la Cámara entendiese en la declaración de las piezas del patronato real. Era, en efecto, poco decoroso para la Santa Sede proceder de otra manera, aun en el supuesto de que la regia Cámara sentenciase conforme a las normas del Derecho canónico».

La concordia no aparecía por ninguna parte. En 1742, el cardenal Belluga dió un corte en el asunto. Puesto que la declaración del patronato universal era imposible, por ser indemostrable, propone proceder por vía de transición. El Papa conceda al rey de España todas las provisiones, y éste no se empeñe en sostener la competencia de la Cámara real; que se sometan todas las provisiones a la expedición apostólica y se conserven las bancarias, pero sin las revocatorias.

El proyecto fracasó en Madrid por la terquedad de Molina, el cual insistía en el patronato universal y en mantener la competencia de la Cámara real.

4. El concordato de 1753. En 1743 moría en Roma el cardenal Belluga; el año 1746 falleció Felipe V; el 1° de septiembre de 1747 desaparecía también el cardenal Molina. Entran en escena nuevos personajes: el rey Fernando VI, el marqués de la Ensenada y el P. Rávago, confesor del rey.

Con esto se creyó llegado el momento propicio para solucionar de una vez esta espinosa cuestión de las reservas pontificias y de la competencia de la Cámara real, que agriaba las relaciones entre Madrid y Roma y podía llevar a la Iglesia española a una situación peligrosa si los regalistas atizaban el fuego.

Ensenada y Rávago habían concebido la idea de llevar el asunto con el mayor secreto. Mientras para disimular mejor dejaban que exteriormente siguieran su curso las negociaciones entre el nuncio, Portocarrero y la Dataría romana, ellos enviaban a Roma un agente especial en la persona de don Manuel Ventura de Figueroa, que aparentemente había de desempeñar en Roma el cargo de auditor de la Rota. Antes se había sondeado el ánimo del secretario de Estado, Silvio Valenti Gonzaga, antiguo nuncio de España, quien se mostró del todo favorable al proyecto.

Se había de huir de toda discusión y buscar una solución práctica. Las negociaciones comenzaron en 1750. Por parte de Roma las llevaban el Papa en persona y su secretario, Valenti; por parte del rey, el agente Figueroa en Roma y el marqués de la Ensenada y el P. Rávago en Madrid.

Después de varias propuestas y de varias réplicas y contrarréplicas, se vino al concordato de 1753, o temperamento, como le llama el documento concordatario.

En él se reconocen los derechos patronales que se fundaban en Bulas y Privilegios Apostólicos u otros títulos sobre arzobispados, obispados, monasterios y beneficios consistoriales, y el patronato especial sobre los reinos de Granada y las Indias; se deniega la existencia del patronato universal; pero se viene al siguiente temperamento o componenda para en adelante: el Papa se reserva la libre colación de 52 beneficios que abajo quedan detallados, para premiar eclesiásticos españoles que prestan servicios a la Santa Sede; queda ileso el derecho anterior de los obispos y patronos particulares y la manera de provisión de beneficios por concurso. Por lo demás, fuera de las 52 reservas antedichas (y aquí viene la gran concesión y generosidad del Pontífice), «Su Santidad acuerda a la Majestad del Rey Católico y a los reyes sus sucesores perpetuamente el derecho universal de nombrar y presentar indistintamente en todas las iglesias metropolitanas, catedrales y diócesis de los reinos de las Españas, y a mayor abundamiento Su Santidad subroga al Rey Católico y a los reyes sus sucesores el derecho que por razón de las reservas tenía la Santa Sede de conferir los beneficios en los reinos de las Españas por sí o por medio de la Dataría y Cancillería apostólicas, nuncios de España o indúltanos, dando a Su Majestad el derecho universal de presentar a dichos beneficios». En el artículo 16 se advierte que por esta cesión y subrogación de nómina, presentación y patronato no se concede jurisdicción alguna eclesiástica ni sobre las iglesias ni sobre las personas, sino quedan sometidas a sus ordinarios, así en la colación canónica como en la jurisdicción.

Como por esta concesión generosa y renuncia pontificia sufría el Papa un gran quebranto en su estado económico, el rey, por su parte, en varios artículos, desde el 17 al 21, se compromete a entregar por varios conceptos allí detallados la suma global de 1.143.330 escudos y asigna a la Nunciatura de Madrid una pensión anual de 5.000 escudos.

La lucha entre las reservas pontificias y el patronato, que trataba de acaparar las provisiones y sus emolumentos, terminó con el concordato de 1753. Las reservas pontificias databan del período de los Papas de Aviñón y fueron admitidas en el concordato de Constanza, año de 1418. Con sus frecuentes provisiones en personas extranjeras y la multitud de reglas y leyes de la Dataría en el percibir los frutos beneficiales, las reservas habían agriado en más de una ocasión los ánimos, siempre descontentos en este punto, hasta temerse verdaderos rompimientos.

«El regalismo fue la reacción contra las reservas. Como toda reacción, las regalías habían de llegar mucho más allá de lo que fueron las reservas; entre ambas, sin embargo, mediará siempre una disparidad esencial, toda vez que, si las reservas fueron acaso una centralización excesiva de la administración eclesiástica, las regalías, con haber llegado mucho más en los excesos que imputaban a la Curia romana, eran al mismo tiempo una intromisión en materias que por su naturaleza traspasaban el ámbito de la autoridad real».

Así se apaciguó en España aquella querella que había comenzado con los Reyes Católicos, al pedir a Inocencio VIII en 1486 la confirmación de la Bula de Eugenio IV y la concesión del patronato sobre los reinos de Granada. Esta contienda siguió, con períodos de mayor o menor intensidad, en el dominio de la casa de Austria y tomó proporciones de verdadera crisis regalista con los Borbones, frisando en conatos cismáticos en las tendencias de algunos regalistas, patrocinadores de la competencia de la Cámara real en materia de patronato.

Benedicto XIV, por bien de la paz, cedió amplia y generosamente sus derechos a Fernando VI. Demasiado ampliamente, tal vez, por la deslealtad de su secretario de Estado, Valenti, que favoreció la parte contraria; cedió sus derechos a favor de la corona española, que, si no presentaba derechos innatos, ciertamente tenía razones atendibles para obtener tan excelso privilegio en los servicios prestados a la Iglesia con la secular lucha contra el moro y con la propagación del Evangelio en el Nuevo Mundo; pero los efectos funestos de tan enorme privilegio no se harían esperar mucho.

5. Portugal. Portugal había llevado siempre a disgusto el yugo de la dominación española; pero este descontento aumentó notablemente con la política altanera del conde-duque de Olivares. En realidad, aunque, desde la unión con España en tiempo de Felipe II, los portugueses habían mantenido sus propios privilegios, sin embargo se veían arrastrados a las guerras que España emprendía. Más aún, por efecto de estas mismas guerras, habían ido perdiendo gran parte de sus colonias. Por todo esto, Portugal rompió con España en 1640 y obtuvo la independencia definitiva en 1668, después de veintiocho años de ruda guerra con varia fortuna. El nuevo rey fue don Juan de Braganza, que fue rápidamente reconocido por las colonias portuguesas.

La situación de la Santa Sede durante esta guerra fue por demás delicada. El Papa se resistía a reconocer al nuevo soberano, Juan IV, mientras las armas no decidieran sus derechos contra España. Al mismo tiempo, el nuevo rey portugués se mostraba hijo sumiso de la Iglesia; pero reclamaba para sí los derechos de nombramiento de obispos, que hasta entonces habían ejercido los reyes de España.

Urbano VIII e Inocencio X en este conflicto se resolvieron a proveer por su cuenta motu proprio las sedes vacantes. Pero esta solución no satisfacía a los patriotas portugueses. Por esto, dejándose llevar de su resentimiento, tomaron algunas medidas contra los curiales pontificios. Como entretanto no eran admitidos los obispos nombrados por Roma, las cosas llegaron al extremo de que en 1649 no había en Portugal más que un solo obispo y en las colonias había 26 sedes vacantes. Parecían, pues, iniciarse caminos de un cisma. Juan IV preguntó a la Universidad de Coimbra si podía proceder por su propia autoridad, prescindiendo del Papa en aquellas circunstancias. Cierto número de doctores, y en particular el converso calvinista Ismael Bulliando, confirmaron esta opinión. Mas felizmente Portugal no se aventuró por el resbaladizo camino del cisma. El romanismo latía muy hondo en el pueblo luso.

Por fin, el 13 de febrero de 1668 se firmaron las paces, y con ellas la independencia entre España y Portugal. El Papa ya no tuvo inconveniente mayor en conceder a Pedro II el derecho de presentación, y, efectivamente, al año siguiente de 1669 confirmaba Clemente IX los obispos presentados por el rey.

Como primer embajador portugués fue designado el conde del Prado, don Francisco de Sousa. Pronto surgió un conflicto entre Portugal y la Santa Sede de orden moral. La reina María Francisca, duquesa de Saboya, recién casada por procurador con Alfonso VI, al ser depuesto este príncipe por su hermano Pedro II, se separó de su esposo y se unió con el nuevo rey Pedro II. El Papa hubo de salir por los fueros de la moral cristiana y avocó a sí la causa. Los galicanos pusieron el grito en el cielo, pues no querían que el Papa se mezclara en las cuestiones matrimoniales de los príncipes. Pero, entre tanto, el Romano Pontífice, después de maduro examen, confirmó la separación de ambos cónyuges «propter matrimonium non consummatum», y, sin hacer caso de las protestas galicanas, puso en regla aquel asunto matrimonial.

En este tiempo, Portugal, casi desde su independencia bajo la égida de Inglaterra, pierde varias posesiones en la India, mientras se asegura su situación en el Brasil. Juan V (1706-1750) dio todavía al país días de gloria. Uno de sus hechos, más memorables es el haber favorecido a la Universidad de Coimbra, que le debe gran parte de los edificios que actualmente la embellecen.

En materia de política eclesiástica prevalecieron en Portugal, poco más o menos como en España, los principios regalistas, que han de culminar en los tiempos de Pombal; se inician las mismas contiendas y se cometen las mismas infracciones en los asuntos eclesiásticos. En tiempo de Benedicto XIII se llegó a una ruptura con la Santa Sede. Juan V pretendía que, al salir de la Nunciatura de Portugal, fuese nombrado cardenal Mgr. Bichi. No era precisamente la persona de Bichi la que interesaba a Juan V, sino el reconocimiento del rango de la Nunciatura de Portugal. Por diversas razones muy dignas de tenerse en cuenta, se resistió el Papa a estas exigencias.

La reacción del rey portugués fue radical. Llamó en 1725 a todos los portugueses de Roma y tomó diversas medidas sumamente rigurosas y dañinas para los intereses eclesiásticos. En este estado siguieron las cosas hasta que Clemente XII se decidió a crear cardenal al nuncio Bichi.

Con la generosidad con que Benedicto XIV trató de atraerse la amistad de los demás príncipes, también concluyó con Portugal un tratado por el cual extendía notablemente los derechos patronales. Más aún: puesto el Papa en el terreno de amplias concesiones, otorgó en 1748 al rey de Portugal el título de Rey Fidelísimo. Sin embargo, las ideas absolutistas y regalistas más desenfrenadas prosperaban alarmantemente. Bullía una escuela de juristas, que soñaban con una iglesia nacional.

LLORCA, GARCIA VILLOSLADA, MONTALBAN

HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA

Primer entrega: LAS GRANDES HEREJÍAS ¿Qué es una herejía y cuál es la importancia histórica de ella?

Segunda entrega: La herejía en sus diferentes manifestaciones

Tercer entrega: Herejías durante el siglo IV. El Concilio de Constantinopla (381)

Cuarta entrega: Grandes cuestiones dogmáticas. San Agustín. Pelagianismo y semipelagianismo

Quinta entrega: El semipelagianismo

Sexta entrega: Monofisitismo y Eutiques. San León Magno. Concilio cuarto ecuménico. Calcedonia (451)

Séptima entrega: Lucha contra la heterodoxia. Los monoteletas

Octava entrega: Segunda fase del monotelismo: 638-668

Novena entrega: La herejía y el cisma contra el culto de los íconos en oriente

Décima entrega: El error adopcionista