Centro de Estudios Giuseppe Federici
Por una nueva insurgencia
Comunicado n° 54/15 del 5 de junio 2015, San Bonifacio
http://federiciblog.altervista.org/2015/06/05/terra-santa-quando-le-ruspe-sono-israeliane/
¿Qué ley está vigente en los Territorios Palestinos controlados por Israel?
“Israel es un país que se muestra orgulloso de su respeto por la ley. En realidad, se basa sobre el abuso de la ley y sobre su utilización por los propios intereses”.
Emily Schaeffer Omer Man, abogada israelita, trabaja desde hace diez años en la defensa de los palestinos bajo la ocupación en los Territorios, dando asistencia a los individuos y consejos legales a conocidas ONG’s israelitas, desde Yesh Din hasta Breaking the Silence.
Desafía las políticas de ocupación y la confiscación de las tierras utilizando la misma ley israelita y enfrentando una burocracia compleja donde están representados elementos contradictorios que puedan salvar un trozo de tierra, trasladar el muro de separación, evitar la demolición de una casa.
“En los Territorios Ocupados Palestinos, Israel aplica la ley militar, justificando el diverso sistema legal que impone a los residentes palestinos con la inexistencia de un poder del todo soberano, al menos en la teoría –nos explica Emily. El derecho internacional, de hecho, tiene internamente un sistema de leyes que se encarga de los casos de ocupación militar, a partir de la IVa Convención de Ginebra”.
En el derecho internacional sobre la ocupación es capital el artículo 64 de la Convención, que impone a la potencia ocupante la aplicación en el territorio ocupado de las leyes preexistentes.
“Israel lo hace sólo en parte: aplica su propio sistema legal y militar, y después usa a aquellos civiles precedentes –el otomano, el inglés y el jordano–, sólo en los casos en que adhieren a la perfección con los propios intereses”.
Pero es en la planificación urbana –fundamental porque es utilizada por Israel más para impedir el desarrollo de las comunidades palestinas en Cisjordania que para expandir los propios asentamientos– donde las autoridades israelitas han dado vida a un complejo sistema burocrático que, a sus ojos, justifica las políticas de confiscación de las tierras palestinas:
“El artículo 53 de la Convención de Ginebra –continúa la abogada israelita– prohíbe al poder ocupante destruir las propiedades existentes, salvo en el caso de urgente necesidad militar. Sin embargo, Israel sigue adelante con demoliciones de casas y estructuras, basándose en la ausencia de permisos de construcción concedidos por el mismo Estado Israelita.
Aquí se ve bien que no existen necesidades militares: la ausencia de un permiso es un hecho administrativo, civil, ligado a la falta de respeto de las regulaciones de planificación urbana que no encuentra justificación en el derecho internacional”.
“La misma regulación es utilizada, por otra parte, para transferir la propia población en el territorio ocupado, también esto prohibido por el derecho internacional. Israel se defiende diciendo que no obliga a ningún ciudadano israelita a trasladarse a las colonias. No obliga, pero facilita: confisca las tierras, construye las colonias, las conecta a las infraestructuras, envía los servicios públicos. Y al fin, siempre justificando todo con la regulación de planificación urbana, garantiza apoyos fiscales y hace préstamos a los colonos”, continúa Schaeffer Omer Man.
Pero quién se encarga, en la práctica, de Cisjordania?
Si en el Área A (el 18 % de la Cisjordania, bajo el control palestino, según los acuerdos de Oslo) es la Autoridad Nacional Palestina la que define el plano regulador, en el Área C (el 60% de Cisjordania, bajo el control israelita) es la autoridad de Israel la que decide:
“El ente responsable y la Administración Civil. En la práctica, lo que el ente hace es impedir el desarrollo natural urbanístico de las comunidades palestinas en el Área C, negando los permisos de construcción y la aprobación de los planos urbanísticos que muchos poblados han presentado.
¿Cómo se justifica Israel? Afirmando que por el derecho internacional está aplicada la ley local. Al mismo tiempo, sin embargo, demuele lo construido porque las comunidades no tienen los permisos israelitas para expandirse.”
En algunos casos, sin embargo, incluso utilizando subterfugios de las regulaciones israelitas, abogados como Emily Schaeffer y organizaciones israelitas para los derechos humanos han ganado causas ante la Corte Suprema israelita. Como en Bi’lin, poblado palestino conocido por la larga resistencia popular no violenta de la ocupación:
“En Bi’lin hemos ganado en los tribunales: en 2007 la Corte estableció que la tierra donde se había construido el muro de separación y aquéllas más allá del muro, eran propiedad privada palestina. La sentencia fue aplicada en el 2011: Israel fue obligado a destruir el muro y a reconstruirlo lejos del poblado, entregando a Bi’lin las tierras confiscadas en favor de la colonia vecina”.
En la mayor parte de los casos, sin embargo, son las comunidades palestinas las que pierden. Como Susiya, pequeño poblado en las colinas al sur de Hebrón, 250 habitantes que viven del pastoreo y de la agricultura. En 1986 fueron echados de sus propias tierras por primera vez. Han reconstruido tiendas y estructuras en otro terreno de propiedad del poblado: en 2001 fueron expulsados de nuevo, pero esta vez permanecieron y reconstruyeron. Desde entonces comenzó una fuerte batalla legal, con intervalos de demoliciones de tiendas y de las estructuras por parte de excavadoras israelitas.
“Nos dirigimos a la Corte Suprema contra la petición de la vecina colonia israelita, también llamada Susiya, y de la asociación de colonos Regavim –nos explica uno de los líderes del comité popular del poblado, Nasser Nawajah. Los colonos han pedido la destrucción de nuestro poblado. La Corte ha tomado tiempo, pidiendo al ejército elementos que justificaran la demolición. Al final la sentencia fue declarada: el pasado 4 de mayo la Corte Suprema ha decidido no decidir, afirmando que debe dejarse a los militares tomar cualquier decisión sobre Susiya.
El día siguiente, la Administración Civil israelita se presentó en Susiya y entregó órdenes de demolición.
Cada día es un buen día: podrían venir en cualquier momento y destruir nuestra comunidad”.
“Sin embargo –prosigue Nawajah-, con la ayuda de la asociación israelí Rabbini para los derechos humanos, habíamos presentado un plano regulador a Israel, pidiendo ser reconocido y así legalizar a sus ojos nuestro poblado. El plano fue rechazado en 2013. Es un círculo vicioso: nos niegan la legalización, nos niegan los permisos y después justifican la demolición del poblado diciendo que no tenemos ninguna conexión de los servicios públicos, que no tenemos escuelas o clínicas. Si lo construimos nosotros solos, como lo hemos hecho, las excavadoras israelíes lo destruyen.
Detrás hay una razón obviamente política: anular la presencia palestina en las colinas al sur de Hebrón”.
