Tras varias generaciones facilitando las adopciones y la atención a las familias de acogida, la archidiócesis de Washington ha transferido todos sus programas de adopción al ‘National Center for Children and Families’, agencia civil que se dedica a dicha tarea. Al actuar así, las instituciones de caridad católicas evitan tener que seguir la nueva ley del distrito de Columbia, que requiere que las parejas de homosexuales reciban el mismo trato que las heterosexuales en el proceso de adopción.
La nueva ley es incompatible con la doctrina católica sobre la familia, lo cual ha provocado que Monseñor Donald W. Wuerl, arzobispo de Washington, haya ordenado la retirada de la Iglesia de los programas de adopción del estado cuya capital lo es también de los Estados Unidos de Norteamérica.
La archidiócesis de Washington llevaba ochenta años involucrada en facilitar la adopción y la labor de las familias de acogida. La medida tomada no afectará a las adopciones que están en curso.
Bill Donohue, presidente de la Liga Católica a favor de las libertades religiosas y civiles, lamentó las medidas del gobierno de Columbia. “El arzobispo Donald Wuerl es un hombre de principios y prudencia: no quería terminar con el programa de adopciones, pero no ha tenido otra opción real”, dijo Donohue. Aseguró además que “los legisladores del Distrito podrían haber garantizado excepciones de tipo religioso que hubieran asegurado la continuidad de los servicios”, ya que “ellos sabían con seguridad que el arzobispo Wuerl no iba a negociar la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio”, y que “quienes pierden realmente son los niños a quienes la Iglesia Católica estaba atendiendo”.
Ya en el año 2006 la Iglesia se vió forzada a cerrar sus servicios de adopción, a causa de no estar dispuesta a dar niños en adopción a parejas homosexuales, como venía exigido por la ley estatal. También las leyes han obligado a las entidades católicas de adopción del Reino Unido a cerrar o a desligarse de la Iglesia
Fuentes: Agencias/InfoCatólica
PARA OCUPARNOS UN POCO DE NUESTRA TIERRA :
Denuncian que el gobierno nacional hace “lobby” por la muerte
Comodoro Rivadavia (Chubut), 22 Feb. 10 (AICA)
Hospital Regional de Comodoro Rivadavia
Hospital Regional de Comodoro Rivadavia
En Comodoro Rivadavia (Chubut), una adolescente de 15 años quedó embarazada -según manifestó- porque la violó el concubino de su madre -que permanece en libertad. Acompañada por su madre, Aurora Fuentes, solicitó un aborto en el hospital regional pero ante la negativa, la madre acudió en enero a la justicia para solicitar la autorización.
La jueza de Familia Nº 3 de Comodoro Rivadavia, Verónica Daniela Robert, rechazó el pedido basando su sentencia en la recomendación del Comité de Bioética del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.
Según informó Notivida, el Comité, integrado por el jefe de Ginecología y Obstetricia del hospital regional, Juan Pires; la jefa de Salud Mental, Susana Martining, y la abogada María Inés Cosentino, estimaron que el aborto era más riesgoso para la joven que un embarazo a término.
No obstante, el pasado viernes 19 de febrero la madre de la menor apeló la decisión, con el patrocinio letrado de la abogada Sandra Grilli y el respaldo del equipo legal del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
La causa penal había ingresado entre noviembre y diciembre en la agencia Única de Abusos Sexuales de Comodoro Rivadavia, cuya titular es la fiscal Liliana Ferrari, que pidió la detención del conviviente de la madre, pero sólo estuvo preso 24 horas.
Ferrari optó por no tomarle declaración a la menor y esperar a que se practique el aborto –si se autoriza– y tomar muestras de ADN de los restos del bebé.
Se multiplica la presión abortista
Ante esta situación, desde el boletín electrónico Notivida denunciaron que “el gobierno nacional hace lobby por la muerte” y que “se multiplica la presión abortista ante la inminente sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia”.
En el artículo advierten que “los titulares del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y del Consejo Nacional de la Mujer (CNM) salieron a pedir que maten al bebé”.
La presidente del CNM, la santacruceña Lidia Elizabeth Mondelo, cuestionó la sentencia de la jueza y sostuvo que “es entendible que ambas (la menor violada y su madre) no conozcan la normativa vigente, pero no lo es cuando se trata de los magistrados y magistradas”. El CNM, recordó Mondelo, es el organismo de aplicación de la Ley contra la Violencia contra las Mujeres (sancionada por unanimidad) y encuadró la negativa a practicar el aborto en la “violencia contra la libertad reproductiva”.
Por su parte, Claudio Morgado, titular del INADI, abogó por el aborto y declaró a Página 12 que la jueza Robert desconoce el derecho.
Apoyo a la jueza
Sin embargo, señala el artículo, prestigiosos juristas avalaron la decisión de la jueza.
Entre ellos el doctor Alberto Rodríguez Varela, miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, envío una carta de lectores que fue publicada por el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, ponderando la decisión de la doctora Robert.
Tras analizar el origen de las excusas absolutorias previstas en el artículo 86 del Código Penal, mencionar antecedentes judiciales y describir la normativa vigente, concluye que cualquier discriminación que se intente, como la rechazada correctamente por la jueza Robert, fundada en la edad de la persona por nacer, resultará violatoria de los preceptos de jerarquía constitucional y de la igualdad consagrada en el artículo 16 de la Ley Fundamental, resultando irrelevante que la persona que se intenta eliminar tenga una semana o tres meses de gestación, un año u ochenta años de vida. Todos tienen el mismo derecho a la vida.
Mientras tanto, el doctor Javier Anzoátegui lamenta que el INADI discrimine “por tamaño” y señala: “Somos todos iguales ante la ley, dice la Constitución Nacional: ya no hay distinción por fuero, raza, religión, cultura ni … tamaño (supongo yo). Somos todos hombres, desde la persona por nacer hasta el anciano moribundo”.
Recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación supo interpretar este asunto y estableció que la igualdad de trato consagrada en la Constitución exige igualdad de circunstancias o situación” y afirma que los embriones merecen, “por lo menos, el mismo trato que los hombres nacidos”, aunque aclara que la situación del no nacido es más delicada.
Al respecto, subraya que “un hombre grande puede ser asesinado de muchas maneras. En algunos casos tendrá posibilidades de hacer frente al ataque, en otros no. La persona por nacer siempre está indefensa, jamás puede hacer algo por superar el trance: su agresor, en cambio, nunca corre peligro. Asimismo, un hombre grande puede haber provocado o desencadenado la actuación del homicida. La persona por nacer, en cambio, es perfectamente inocente”.