LO QUE FALTABA…

Mendoza: Proponen retirar los símbolos religiosos de las dependencias del Estado

Una ONG no quiere crucifijos ni nada que identifique creencia política o religiosa. Dice basarse en el principio de «neutralidad de las autoridades públicas». Afirma que no es necesario exhibir una convicción íntima si se tiene suficiente fe.

Una entidad mendocina que se creó el año pasado con la finalidad de defender «los valores del libre pensamiento», la asociación civil «20 de Setiembre», realizó una campaña que promete trasladar a Mendoza y el país, un profundo debate que ya se está dando en las naciones europeas.

Para estos días, sus impulsores aguardan que se cumplan los plazos legalmente establecidos para que diversas dependencias públicas respondan una nota que fue dejada en sus mesas de entrada. La misiva, requiere que informen «cuál es el marco legal en que se sustentan, a los fines de introducir símbolos religiosos en los edificios públicos».

Una nota de idéntico tenor ya está en manos de los responsables de la Fiscalía de Estado, ambas cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la provincia.

Se ha naturalizado encontrar en los despachos de funcionarios públicos, de quienes imparten justicia o bien en espacios comunes de dependencias del Estado imágenes religiosas. Sin embargo, desde la entidad dudan que haya alguna legislación que así lo establezca y sospechan que la presencia de este tipo de elementos –que condicionan a quien no los comparte, ya sea por profesar creencias diferentes o bien, por no sostener religión alguna- tiene más que ver con una impronta personalísima de los funcionarios.

Para despejar sus inquietudes decidieron, entonces, que cada poder del Estado y cada organismo independiente o descentralizado responda, por escrito, en qué se basan para permitir esta «invasión» de un espacio que, se entiende, debería estar despojado de influencias místicas.

En todo caso, se sostiene que las creencias personales de quienes son parte del Estado deben quedar fuera de los espacios que ocupan temporalmente, ya que el Estado no tiene por qué contagiarse de las creencias de quienes pasan por sus cargos de decisión, y debe respetar, afirman los reclamantes, a la ciudadanía en su conjunto y en su diversidad.

Ni Cristo, ni el Ché, Perón…ni la Pradón

Marcelo Puertas es el titular de la entidad. Quiso ser lo más claro posible al referirse al tema, cuando fue consultado por MDZ, ya que «lo que menos nos interesa es el enfrentamiento; buscamos claridad», dijo.

Para Puertas, «quien tenga una creencias política o religiosa, debe tener garantías para su práctica en la intimidad o en los locales destinados a ello». Por lo que, además, graficó: «No sólo pensamos que en un despacho público no tiene que haber un crucifijo, por ejemplo, sino tampoco un cuadro que denote e imponga ideología alguna…cosa que trasunta hasta una foto de alguna señora ligera de ropas pegada en un vidrio o alguna pared».

¿Pero entonces ustedes están rechazando este tipo de creencias y convicciones…?

– De ninguna manera. Pero la ley establece que cada cosa debe hacerse en su lugar. Nosotros no estamos impugnando estas creencias, sino que estamos preguntando en qué se basan para contarle a todo el mundo, desde sus espacios de poder, en qué creen y, de alguna manera, imponiéndole al resto desde un espacio que no es propio, sino que es de todos, sus propias e íntimas convicciones.

Puertas, en tanto, frente a la posibilidad de que el Estado impulse el «ecumenismo» o bien, el acercamiento entre ideas religiosas diversas, se manifestó también de manera negativa. «No estamos de acuerdo con que se trate de lugares ecuménicos, porque se estaría discriminando a quien no cree en ninguna de las religiones», sostuvo.

«Sencillamente, lo que le pedimos al Estado provincial –dijo- es que al tratarse de lugares públicos, que se les de la características de tal». «Lo religioso –abundó- trasunta por la intimidad; no hace falta darle espacios públicos o institucionales para reafirmar sus propias convicciones. Eso es un abuso y a veces, según quién lo haga o de qué manera mezcle su religión con su función pública, hasta podría tener ribetes de vedettismo del que hasta las religiones deberían sospechar».

Fuente: MDZ