A la mujer no se le renovó el contrato tras investigar su vida privada. Es que según el obispo «vivía en pecado» con un hombre que no era su marido, del que se separó. El Obispado alega que tiene derecho a elegir el perfil de sus docentes.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al Obispado local por vulnerar el derecho fundamental a la intimidad de la profesora de Religión, María del Carmen Galayo Macías, al no renovarle el contrato en 2001 por considerar que, al estar separada de su marido y convivir con otro hombre, vivía «en pecado» y no se la consideraba idónea para impartir la asignatura.
La sentencia condena al Obispado a proponer la contratación de Galayo Macías para el curso 2000-2001 y al Ministerio de Educación y Ciencia a contratar a la actora para el mismo curso. Al resultar imposible el cumplimiento de esta decisión por razones temporales, la Sala determina que el Obispado resuelva el litigio por la vía indemnizatoria, y establece una indemnización global para la profesora de 10.385,49 euros por los daños materiales y morales.
El TSJC resuelve el litigio recordando que, tras 10 años impartiendo clases de religión en Gran Canaria, el Obispado retiró a María del Carmen Galayo
la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) para el curso 2001.
Recapitula que el vicario Cabrera se reunió con la profesora el 13 de octubre de 2000 y le informó de que definitivamente no se le iba a renovar porque mantenía «una relación afectiva con otro hombre, distinto de su esposo, del que se había separado, estando en pecado».
El obispo remitió a la actora un manuscrito el 30 de octubre manifestándole que había recibido una «información contrastada» que le impedía otorgarle
la DEI. Alegó entonces que tenía derecho a elegir el perfil de su plantel docente.
«El Obispado ha vulnerado el derecho a la intimidad de María del Carmen Galayo no sólo por indagar en su relación afectiva, sino por sancionarla no proponiéndola como profesora de Religión», dice la Sala.
Fuente: Agencias internacionales
La sentencia condena al Obispado a proponer la contratación de Galayo Macías para el curso 2000-2001 y al Ministerio de Educación y Ciencia a contratar a la actora para el mismo curso. Al resultar imposible el cumplimiento de esta decisión por razones temporales, la Sala determina que el Obispado resuelva el litigio por la vía indemnizatoria, y establece una indemnización global para la profesora de 10.385,49 euros por los daños materiales y morales.
El TSJC resuelve el litigio recordando que, tras 10 años impartiendo clases de religión en Gran Canaria, el Obispado retiró a María del Carmen Galayo
la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) para el curso 2001.
Recapitula que el vicario Cabrera se reunió con la profesora el 13 de octubre de 2000 y le informó de que definitivamente no se le iba a renovar porque mantenía «una relación afectiva con otro hombre, distinto de su esposo, del que se había separado, estando en pecado».
El obispo remitió a la actora un manuscrito el 30 de octubre manifestándole que había recibido una «información contrastada» que le impedía otorgarle
la DEI. Alegó entonces que tenía derecho a elegir el perfil de su plantel docente.
«El Obispado ha vulnerado el derecho a la intimidad de María del Carmen Galayo no sólo por indagar en su relación afectiva, sino por sancionarla no proponiéndola como profesora de Religión», dice la Sala.
