POLÉMICA POR LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS
Laboratorio dice que el Estado lo obligó a ocultar carácter abortivo
El caso, que ya está en la Justicia, fue puesto en conocimiento de los medios por fuentes eclesiásticas. Dos fiscales reclaman la indagatoria de funcionarios de la ANMAT e investigan por qué se «ordenó por escrito» omitir esa información.
Un laboratorio dice que el Estado lo obligó a ocultar el carácter abortivo de la «píldora del día después», recordó este lunes la Asociación Portal de Belén, que interpuso un reclamo ante la Justicia para que presten declaración indagatoria funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Esa fuente puso en conocimiento de los medios tal irregularidad, y precisó que los fiscales federales Sergio Torres y Juan Carlos Stornelli investigan por qué funcionarios de la ANMAT ordenaron por escrito al laboratorio Biotenk a «ocultar la información» sobre el efecto abortivo de la «píldora del día después».
La Asociación cuestiona, en su presentación, que se haya ordenando a los vendedores del fármaco ocultar que actúa «impidiendo que el embrión anide o se implante en el útero de la madre».
«Esta orden -recuerda la entidad- es contraria a la legislación argentina, que dispone mediante el decreto 150/92, que el laboratorio que vende el producto en la Argentina debe brindar la misma información que el fabricante extranjero».
Según surge del expediente administrativo Nro 1-0047-0000-001694-00-4 de aprobación del fármaco por el ANMAT, el laboratorio Biotenk «aportó la traducción del producto francés Norlevo que expresaba claramenteque la droga utilizada impedía la implantación del óvulo fecundado, pero el Estado Argentino le ordenó por escrito que omitiera dicha información a pesar del decreto 150/92 que establece brindar la misma información que se da en elextranjero».
Mientras se sustancia ese proceso en la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires, los directivos de los laboratorios que venden la píldora se encuentran sometidos a proceso penal en Córdoba, imputados del delito de tráfico de sustancias perjudiciales a la salud, por ocultar su carácter «dañoso», que prevé una pena de tres a diez años de prisión.
La Asociación cuestiona, además, que «a pesar de la gravedad» del caso, el ministerio de Salud de la Nación impulse la entrega masiva de la píldora, en todos los hospitales y centros de salud del país.
